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Avanza consulta pública nacional para la Reforma del Sistema de Justicia Penal en Venezuela

El fiscal general, Larry Devoe, destacó que esta iniciativa convocada por la presidenta Delcy Rodríguez busca construir un modelo adaptado a la realidad venezolana mediante un diagnóstico compartido con diversos sectores sociales e institucionales.

El fiscal general de la República, Larry Devoe, destacó este miércoles 18 de noviembre los avances de la consulta pública y nacional orientada a la Reforma del Sistema de Justicia Penal, subrayando la prioridad de este ámbito por su incidencia directa en bienes jurídicos fundamentales como la libertad individual.

Durante la jornada de trabajo, el titular del Ministerio Público precisó que el proceso responde a la convocatoria de la presidenta de la República, Delcy Rodríguez, para impulsar una transformación estructural en materia judicial. Asimismo, enfatizó que la reforma constituye un punto de consenso nacional que descarta soluciones improvisadas o la importación de esquemas foráneos, apostando por una construcción colectiva ajustada a la cultura, las prácticas y las realidades propias de la sociedad venezolana bajo los principios de la democracia participativa y protagónica.

Objetivos metodológicos y articulación institucional

El proceso de consulta se sustenta en dos ejes metodológicos principales:

  • Diagnóstico compartido: Consolidar una visión integral que incorpore las particularidades geográficas, operativas y sociales de todo el territorio nacional, sumando los aportes de organizaciones de derechos humanos, abogados litigantes, personas con discapacidad y representantes de la sexo-diversidad.

  • Reconocimiento de fortalezas: Tomar como base los avances acumulados durante 26 años de desarrollo constitucional e institucional con el propósito de resguardarlos, ampliarlos y perfeccionarlos.

La actividad contó con la participación de altas autoridades del Estado, entre ellas la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), magistrada Caryslia Beatriz Rodríguez, junto a magistrados de la Sala de Casación Penal; el defensor público general, Daniel Ramírez Herrera; el ministro del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa; y diputados de la Asamblea Nacional (AN).

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