Argentina exige suspender ejecución del fallo sobre fondos buitre
El jefe de gabinete argentino, Jorge Capitanich, reiteró hoy que su Gobierno exige suspender la ejecución de la sentencia favorable a los fondos buitre, para posibilitar una negociación aceptable a todos sus acreedores.
El jefe de gabinete argentino, Jorge Capitanich, reiteró hoy que su Gobierno exige suspender la ejecución de la sentencia favorable a los fondos buitre, para posibilitar una negociación aceptable a todos sus acreedores.
En conferencia de prensa Capitanich ratificó que el próximo viernes continuarán las negociaciones con el mediador Daniel Pollack, designado por el juez Thomas Griesa para acercar una solución al caso de los fondos buitre.
El jefe de gabinete estableció que resulta imprescindible que se restablezca el stay (suspensión de ejecución de sentencia) que se mantuvo hasta el pasado 16 de junio, para facilitar el pago de la deuda e intereses a los acreedores con los que existe tal compromiso tras las reestructuraciones efectuadas en 2005 y 2010.
Afirmó que en el diálogo realizado el ministro de Economía argentino, Axel Kicilloff y Pollack "se planteó la necesidad de reponer el stay para generar condiciones aceptables de negociación" agregando que corresponde el pago al 100 por ciento de los acreedores sobre bases justas, equitativas y legales.
Según Capitanich, la parte argentina aclaró durante las conversaciones con el mediador que el actual Gobierno de su país ha desarrollado "una política de desendeudamiento" y se está hace cargo de "responsabilidades emergentes de obligaciones financieras" que no fueron generadas por el mismo.
En un comunicado emitido este lunes luego de la reunión de Kicillof con Pollack, en Nueva York, el Gobierno argentino enfatizó que el fallo del juez estadounidense Thomas Griesa sobre los fondos buitre hace imposible el cumplimiento el pago de la deuda.
Sobre la base de esa decisión judicial se obliga a Argentina a pagar en un plazo a los fondos buitre mil 330 millones de dólares que, con los intereses, alcanzaría los mil 600 millones y podría llevar a que los restantes acreedores exigiesen un trato similar, lo que elevaría la cifra a unos 120 mil millones de dólares.
