Terroristas pueden demandar judicialmente a los abogados abusadores de Bush
La decisión de un juez de San Francisco permitió una demanda del presunto ‘terrorista’ detenido, José Padilla, en contra del abogado de la administración Bush, John Yoo, quien, según afirma el juez, excedió su jurisdicción al determinar la legalidad de la detención de Padilla y su tortura.
Un juez de EE.UU. legalizó las acciones judiciales de presuntos ‘terroristas presos’ en contra de los consejeros legales de la anterior administración, quienes autorizaron sus detenciones y tortura.
En una acción sin precedentes, el Juez del Distrito de San Francisco, Jeffrey White, falló a favor de la legitimidad de tales demandas en un intento para descontinuar, lo que él denominó, ‘el uso de tácticas de terror’ para combatir ‘una guerra en contra del terrorismo’, reportó la agencia AP el sábado.
“Como cualquier funcionario del Estado, los abogados del gobierno son responsables de las previsibles consecuencias de su conducta”, expresó White.
La decisión permitió una demanda del presunto ‘terrorista’ detenido José Padilla, en contra del ex consejero legal de la administración Bush, John Yoo, quien, según afirma White, excedió su jurisdicción al determinar la legalidad de la detención de Padilla y su tortura.
Padilla, un ciudadano estadounidense, está cumpliendo una condena de 17 años de cárcel, acusado de canalizar fondos y suministros a terroristas. El departamento fracasó en probar las acusaciones iniciales en su contra, las cuales llevaron a su arresto, concretamente la supuesta conspiración con Al Qaeda para detonar una ‘bomba sucia’ radioactiva.
La semana pasada, el diario The New York Times reportó que los ex consejeros legales del Departamento de Justicia, en el banquillo por facilitar la aplicación de la tortura de la CIA, han sido expuestos por haber acordado la ‘legalidad’ de la práctica.
“Obviamente usted solo puede hacer lo que es legal”, dijo uno de los ex consejeros, Daniel Levin, según citó el diario.
Los ex consejeros insistieron en que los ‘severos programas de interrogación de la CIA’ estaban fuera de la definición legal de la tortura de la administración, los cuales solo prohíbe “dolor igual a aquel producido por la falla de órganos o la muerte”.
