Reforma de la Ley contra el Odio priorizará la educación, la prevención y la paz social
El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional encabezó la primera jornada de consulta pública del proyecto de reforma legal, anunciando la derogación de al menos cinco artículos clave para transicionar de un esquema sancionatorio a uno de formación ciudadana.

El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN) y presidente de la Comisión Especial para la Reforma de la Ley contra el Odio, diputado Pedro Infante, lideró este jueves 5 de noviembre la primera Jornada de Consulta Pública Nacional del proyecto de reforma a dicha norma, efectuada en la sede del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria (Mpppeu) en Caracas.
El parlamentario precisó que el objetivo medular del proyecto radica en transformar la visión punitiva contemplada en el texto aprobado en 2017, sustituyéndola por un modelo pedagógico de formación ciudadana, prevención y reconocimiento mutuo para afianzar la convivencia pacífica.
Modificación de artículos y cronograma de consulta
Infante detalló que la propuesta legislativa prevé la derogación de al menos cinco artículos fundamentales de la ley vigente. La reestructuración busca erigir garantías de no repetición que erradiquen definitivamente el odio y la violencia del ejercicio político nacional.
Asimismo, anunció el despliegue del cronograma de discusión en las 24 entidades federales del país. El debate territorial iniciará este viernes con movimientos de mujeres, para posteriormente incorporar en los días siguientes a organizaciones no gubernamentales, movimientos comunitarios, consejos legislativos, concejos municipales y representantes de los medios de comunicación social.
Inclusión de víctimas y reconciliación nacional
Durante su intervención, el directivo de la AN ratificó la disposición del Poder Legislativo de recibir las propuestas formuladas por víctimas de la violencia política, bajo premisas de dignidad humana y respeto plural.
Por último, subrayó que el debate técnico abarca la revisión integral del articulado, incluyendo el régimen de sanciones administrativas y las instancias competentes para su aplicación, reafirmando el compromiso parlamentario de consolidar un marco legal ajustado a la estabilidad social y la paz de la nación.
F/Últimas Noticias


