Corte Suprema de EE.UU. anula aranceles globales por ilegales
En una decisión de impacto histórico para el comercio mundial, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó este viernes 20 de febrero de 2026 que los aranceles generalizados impuestos por el presidente Donald Trump son ilegales. Con una votación de 6 a 3, el máximo tribunal determinó que el Ejecutivo excedió sus facultades al utilizar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977 para fijar impuestos a la importación, una potestad que la Constitución reserva exclusivamente al Congreso.
El fundamento del fallo: Un límite al poder ejecutivo
La sentencia, redactada por el presidente de la Corte, John Roberts, y respaldada por una coalición de jueces conservadores y liberales, establece que la IEEPA permite regular transacciones financieras en emergencias, pero no autoriza la creación de nuevos aranceles. Bajo la «doctrina de las cuestiones mayores», la Corte argumentó que una medida con consecuencias económicas tan vastas —estimadas en billones de dólares— requiere una autorización legislativa explícita.
Aranceles anulados: Los denominados «aranceles recíprocos» (que oscilaban entre el 10% global y el 34% para China) y los gravámenes vinculados a la crisis del fentanilo.
Aranceles que se mantienen: Las tarifas sectoriales sobre el acero, aluminio y automóviles, que se rigen por leyes comerciales distintas a la IEEPA.
Impacto económico y fiscal
El fallo sacude los cimientos de la estrategia económica de la administración Trump en su segundo mandato. Según proyecciones de modelos presupuestarios como el de Penn-Wharton, el Gobierno estadounidense podría verse obligado a reembolsar cerca de 175.000 millones de dólares ya recaudados a empresas importadoras. En los mercados, la noticia provocó un repunte en los índices tecnológicos (NASDAQ) y un debilitamiento del dólar, ante la expectativa de una menor presión inflacionaria.
Mientras que aliados comerciales como Canadá y México celebraron la decisión como un retorno a la estabilidad del T-MEC, la Casa Blanca ya busca vías alternativas para restablecer los gravámenes, aunque ahora bajo un escrutinio legal mucho más riguroso.
