Arresto de ex ministro destapa olla de corrupciones de Uribe
La sentencia de prisión preventiva contra Andrés Felipe Arias, ministro de Agricultura durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) es “un duro golpe al uribismo” que, además, “destapa la olla de corrupciones” durante ese período, indicó el senador por el Partido Polo Democrático Alternativo (PDA), Luis Carlos Avellaneda.
Arias, inhabilitado para ejercer cargos públicos por 16 años, estará preso mientras se lleva a cabo la investigación sobre la presunta corrupción administrativa que cometió a través de Agro Ingreso Seguro (AIS), un programa bandera en materia agrícola del gobierno de Uribe que pretendía "preparar" a campesinos en riesgo por el Tratado de Libre Comercio que Colombia planeaba firmar con Estados Unidos.
En entrevista concedida a Telesur, Avellaneda estimó que el dictamen emitido por el Tribunal Superior de Bogotá representa una esperanza de justicia, que “más vale que llegue tarde a que nunca llegue”.
Refirió que la actuación del juez de la causa, Orlando Fierro, fue acertada y justificó la medida de precautelar de enviar a Arias a la cárcel.
“El juez hizo bien en apegarse a la petición que presentó la semana pasada la Fiscal General Viviane Morales, de dictar prisión preventiva, porque en este caso se daba la posibilidad de que obstruyera la justicia (…) o se adulteraran las pruebas”, enfatizó.
Al ser cuestionado sobre la influencia que este caso pueda tener en la Justicia colombiana, Avellaneda indicó que en su país “la justicia es muy morosa” pero indicó que la sentencia al menos señala que “los niveles de corrupción (durante el Gobierno de Uribe) han sido destapados”.
“Todo peso que se vaya por las alcantarillas de la corrupción, es quitado a las posibilidad de mejoras sociales y educativas (…) y eso debe ser penado”, recalcó.
Entre las diversas irregularidades de Arias, economista y amigo cercano del ex presidente Uribe, destaca la firma sin la aprobación legal del Congreso de un contrato, el 11 de agosto de 2006, con el Instituto de Cooperación Agropecuaria por la suma de 3.000 millones de pesos.
Para el magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, Orlando Fierro, quien participa en el caso, la actuación de Arias fue en desmedro del patrimonio público, pues millonarios recursos del erario terminaron en manos de grandes productores agrícolas, quienes recibieron subsidios no reembolsales, sin siquiera llenar los requisitos estipulados en la ley.
