Argentina promulga ley de regulación de medicinas
La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, promulgó el lunes la ley de regulación de la medicina prepaga que busca evitar en su primera etapa que los medicamentos más costosos sean adulterados o robados.
La mandataria explicó que "no hay que temerle a esta ley, no se está buscando que alguien se funda. Si algo puede acreditar este gobierno es que no quiere que alguien se funda, y cuando alguna empresa tuvo problemas el Estado hizo su aporte para evitar los despidos".
El nuevo sistema de trazabilidad de medicamentos incluye enfermedades de alta complejidad como oncológicas, para hemofílicos y HIV SIDA.
La trazabilidad "busca transparencia al sistema. Es importante que una persona pueda saber a través de su celular, por ejemplo, que el medicamento que está recibiendo no sólo no fue robado o adulterado sino que pertenece al laboratorio que tiene impreso".
El programa anunciado por la presidenta implica el control, en una primera etapa, de 200 productos.
Fernández aclaró durante un acto en la Casa de Gobierno de Buenos Aires que hay que desmitificar el tema de la regulación que anteriormente afectaba la rentabilidad y destacó que se trata de "un paso trascendental".
"No significa afectar la rentabilidad, eso fue un verso de las políticas neoliberales de los años 90 que ya no se lo traga nadie. Debemos ser sensatos para dejar de repetir como loros lo que se ha venido diciendo", sostuvo en la presentación del Programa de Trazabilidad de Medicamentos y promulgación de la ley de regulación de la medicina prepaga.
La regulación "no significa afectar la rentabilidad, ese fue un verso de las políticas neoliberales de los 90 que nadie se traga", precisó.
Enfatizó que su Gobierno está implementando "un tema que constituye una verdadera política de Estado" al tiempo que recordó que el sector de la medicina prepaga no contaba con regulación hasta ahora.
Cristina Fernández reiteró que existe una gran inversión por parte del Estado en el siste de salud argentino, donde el 60 por ciento de los habitantes goza de cobertura en obras sociales y prepagas; y el resto en la salud pública.
"Cuando uno mira los números, el 80 por ciento de afiliados a prepagas está en cinco empresas, no nos parece mal, pero estamos hablando de la necesidad de regular a un sector tan importante y que tiene el mayor nivel de queja que las obras sociales", afirmó.
La jefa de Estado resaltó la importancia de establecer un acuerdo entre el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y los ministerios de Salud y Desarrollo Social con el fin de gestionar la compra de medicamentos por parte del Estado y el público pueda acceder a "mejores precios y que mayor cantidad de gente pueda acceder a los medicamentos".
