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Argentina presentó una demanda civil y penal contra los responsables del bloqueo del puente Uruguay

A pesar de esto se descartó la idea de utilizar la represión contra los asambleístas de Gualeguaychú, que desde hace más de dos años impiden la circulación de vehículos hacia ese país vecino

El gobierno argentino anunció la noche del miércoles que presentó una demanda civil y penal contra los responsables del bloqueo del puente binacional con Fray Bentos, Uruguay, pero descartó utilizar la represión contra los asambleístas de Gualeguaychú, que desde hace más de dos años impiden la circulación de vehículos hacia ese país vecino.

El anuncio fue formulado por el Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, acompañado por el ministro de Justicia, Julio Alak, desde la Casa de Gobierno de Buenos Aires.

"Los ocupantes del puente tienen la actitud de no querer cumplir ninguno de los fallos de la justicia", afirmó Fernández y sostuvo que "hasta ahora no ha habido contundentemente ningún fallo judicial".

Un juez de la localidad de Concepción del Uruguay, ciudad vecina a Gualeguaychú, recordó el pasado martes que existe un fallo "previo" que ordena garantizar la circulación de vehículos por el puente entre Gualeguaychú y Fray Bentos, donde se levanta la pastera UPM-Botnia, motivo de la protesta de los asambleístas.

Sin embargo, el juez Federal Gustavo Pimentel de Concepción del Uruguay, en ningún momento ordenó, explícitamente, el desalojo del puente internacional.

Por ese motivo, el Jefe de Gabinete explicó que "no hemos tenido definiciones contundentes en el caso del fallo y este tipo de decisiones elípticas la han convertido de cumplimiento imposible".

La demanda del gobierno contra los asambleístas también fue radicada en el juzgado Federal de Concepción del Uruguay por el procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha, informaron fuentes oficiales.

El funcionario confirmó que ya "se ha presentado denuncia penal contra aquellos que entorpecen el funcionamiento de los transportes, por amenazas, amenazas agravadas, daños a bienes públicos, instigación a cometer delitos y homicidio culposo".

Sin embargo, la convocatoria de los asambleístas a resistir un eventual desalojo desde el puente, lejos estuvo de igualar otras manifestaciones contra Botnia, que reunieron a miles de personas.

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