Aprobada nueva Ley de Migración en México
La Cámara de Diputados de México aprobó este sábado de forma unánime el borrador del Senado por la cual se da curso la nueva Ley de Migración, con la que se busca frenar agresiones en contra de migrantes, y obliga a las instituciones del Estado a respetar los derechos humanos de los indocumentados.
En la sesión también se aprobó la creación de una policía fronteriza que estará bajo la dirección del Ministerio Público y tendrá facultades para prevenir delitos y realizar vigilancia de puertos, aeropuertos y zonas fronterizas.
El nuevo órgano de seguridad se dedicará al combate del tráfico de armas, explosivos, insumos para el fomento de la adulteración de medicinas, bebidas alcohólicas o cualquier otra sustancia de consumo humano, así como vigilar los procedimientos en materia aduanal.
La policía fronteriza, que dependerá de los recursos con los que cuenta la Policía Federal, perseguirá también la trata de personas y el tráfico de órganos, además de establecer rangos de control y protección a los derechos humanos.
El texto de la nueva ley incluye el respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes, nacionales y extranjeros, sea cual fuere su origen, nacionalidad, género, etnia, edad y situación migratoria.
La norma advierte que en ningún caso una situación migratoria irregular constituirá por sí misma la comisión de un delito, ni se prejuzgará la comisión de ilícitos por parte de un migrante por el hecho de encontrarse en condición no documentada.
Sobre la actuación de los servidores públicos del INM el texto indica que se sujetará invariablemente a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en la nueva ley.
Modificación del INM
La norma, aprobada con 432 votos a favor, modifica la naturaleza del Instituto Nacional de Migración (INM), que una vez publicada en el Diario Oficial de la Federación, tendrá a su cargo la instrumentación y ejecución de la política migratoria.
La presentación de los migrantes en situación irregular sólo podrá realizarse por el instituto, deberá constar en actas y no podrá exceder del término de 36 horas contadas a partir de su puesta a disposición.
Con el fin de combatir la corrupción, en el instituto se formaliza la creación del sistema de profesionalización y certificación de personal, a través de un Centro de Evaluación y Control de Confianza. También se fijan severas sanciones a funcionarios que incurran en maltrato a los extranjeros.
La ley reconoce varias categorías migratorias entre las que destacan la de visitante, otorgada a extranjeros que permanecen en el país por corto tiempo, ya sea como turistas o por negocios; la de visitante con permiso a recibir una remuneración por un periodo que no exceda los 180 días y otra para visitantes o trabajaores de las zonas fronterizas.
Así mismo, la ley contempla la residencia temporal, que se podrá otorgar a los extranjeros que deseen permanecer en el país menos de cuatro años, categoría en la que se incluye a los estudiantes, que podrán radicar en México por el tiempo que duren sus estudios. La cateogría de residente permanente será otorgada a las personas que pretendan residir indefinidamente en el territorio nacional por razones de asilo político, reconocimiento de la condición de refugiado y protección complementaria, por reunificación familiar.
Esta nueva norma, que desde el 9 de diciembre de 2010 se analizaba en el Congreso mexicano, fue aprobada por el Senado mexicano el pasado 22 de febrero y ahora será enviada al Ejecutivo para su promulgación.
Indocumentados celebran
Medio centenar de indocumentados y activistas defensores de los inmigrantes procedentes del sur de México iniciaron el martes pasado un plantón afuera de la Cámara baja para pedir la aprobación de esta ley migratoria.
"Era urgente que se aprobara la ley de migración, pues de otra manera se hubiera pasado sin dar solución a toda la problemática y violaciones de los derechos de los indocumentados", dijo a la prensa Martha Sánchez Soler, del no gubernamental Movimiento Migrante Mesoamericano (MMM).
Los indocumentados y activistas celebraron la aprobación de esta norma, pese a que consideran que aún tiene vacíos jurídicos.
En un informe presentado a principios de abril, el Comité de los Derechos de los Trabajadores Migrantes de la ONU estimó preocupante la incapacidad de México de procesar a los responsables de la trata de personas y lidiar con efectividad con el llamado "negocio de la inmigración".
Datos oficiales señalan que cada año unos 300 mil indocumentados, en su mayoría centroamericanos, cruzan por los mil kilómetros de frontera que comparte México con Guatemala y Belice para tratar de llegar a Estados Unidos.
Un estudio titulado "Informe especial sobre los casos de secuestro contra migrantes en territorio mexicano", elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), reveló que en los primeros seis meses del 2010 unas mil 267 personas fueron víctimas del flagelo.
De acuerdo con el texto, un 77,2 por ciento de los casos están concentrados en los estados de Veracruz (sureste), Tabasco (sureste) y Tamaulipas (noreste).
La Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos calcula que durante el gobierno de Calderón han desaparecido más de 3 mil personas; 400 por razones políticas, 500 mujeres y niños relacionadas con la trata de personas, y 2 mil 100 por razones de narcotráfico.
En agosto de 2010, en el municipio de San Fernando, a 160 km de la frontera y sobre la costa del Golfo de México, un grupo de 72 migrantes de El Salvador, Honduras, Guatemala, Ecuador y Brasil fueron asesinados en una masacre atribuida al cartel de Los Zetas.
En el mes de abril al rededor de 103 migrantes que se encontraban secuestrados fueron liberados por las autoridades mexicanas, y se han localizado 183 cadáveres en 40 fosas clandestinas y las excavaciones continúan, según la Fiscalía General mexicana. Se presume que las víctimas son viajeros, en su mayoría del sexo masculino y mexicanos, secuestrados en los últimos dos meses en autobuses que iban rumbo a ciudades fronterizas con Estados Unidos
