Álvaro Uribe decreta Estado de Conmoción usando la huelga judicial como excusa
El mandatario neogranadino indicó en un mensaje a la nación que se tomó esta decisión luego que fracasaran las negociaciones con los empleados judiciales, que entraron en huelga el pasado 3 de septiembre y no aceptaron las alzas salariales decretadas, lo que mantiene paralizada la administración de justicia.
El Gobierno de Colombia, a través del presidente Álvaro Uribe, declaró este jueves el Estado de Conmoción Interior a lo largo del territorio nacional por el término de 90 días, en ejercicio de las facultades conferidas por la Carta Magna de esa nación.
La página web de la Presidencia asegura que "el país sudamericano afronta una grave perturbación del orden público y social, debido a la disfuncionalidad de la administración de justicia, lo cual atenta contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado y la convivencia ciudadana".
Uribe indicó en un mensaje a la nación que se tomó esta decisión luego que fracasaran las negociaciones con los empleados judiciales, que anunciaron el inicio de la huelga el pasado 3 septiembre y no aceptaron las alzas salariales decretadas, lo que mantiene paralizada la administración de justicia.
Miedo como justificación de la medida
Dijo Uribe que en estos 36 días, se han bloqueado los fallos en 160 mil procesos, y según fuentes oficiales, las pérdidas superan los 60 millones de dólares. Asegura que, durante la huelga, más de 2.700 personas capturadas por homicidio, narcotráfico y tenencia de armas han quedado libres por vencimiento de términos legales, más de 120 mil procesos están sin fallos y no se efectuaron unas 25 mil audiencias. "Esto le causa al país una tragedia", expresó Uribe, quien tuvo un día de consultas con sus asesores antes de anunciar este decreto.
Uribe advirtió de que podían quedar libres en medio del paro importantes narcotraficantes o acusados de crímenes graves, como el de Liliana Gaviria, hermana del ex presidente César Gaviria (1990-94), secuestrada y asesinada en abril de 2006.
Por su parte, el Fiscal General de la Nación informó que es inminente la salida de las cárceles, por vencimiento de términos, de personas sindicadas de delitos relacionados con los trágicos hechos de la toma del Palacio de Justicia, secuestro y otros graves delitos. "El Ministerio Público, en cabeza del señor Procurador General de la Nación y el Fiscal General de la Nación, han solicitado al Gobierno Nacional adoptar medidas de emergencia acordes con las atribuciones que le otorga la Carta Política, tendientes a conjurar las perturbaciones causadas por la ausencia del funcionamiento de la administración de justicia en todo el territorio nacional".
Reacciones
La Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados Judiciales, Asonal, dijo que esta decisión es "equivocada" porque una conmoción interior no puede ser justificada por un paro laboral, "ni tiene relación con el artículo 213 de la Constitución".
El artículo 213 de la Constitución de Colombia establece que será implementado el Estado de Conmoción "en caso grave de perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de Policía".
De esta manera, queda establecido que el Presidente "con la firma de todos sus ministros", podrá declarar dicho estado, "en toda la República o parte de ella, por término no mayor de noventa días, prorrogable hasta por dos periodos iguales, el segundo de los cuales requiere concepto previo favorable del Senado de la República", prosigue la ley.
Propuestas y exigencias
El Gobierno de Álvaro Uribe propuso unas bonificaciones que se suman a la oferta de mejoras salariales por 111 mil millones de pesos (unos 52 millones de dólares). Sin embargo, los huelguistas exigen una partida presupuestaria del triple de esa suma y la nivelación de sueldos de los jueces menores con los de los magistrados y jueces superiores.
El pasado lunes, el presidente Uribe en la búsqueda desesperada de conjurar la huelga, firmó cuatro decretos que ofrecen mejoras salariales a los trabajadores de la justicia, pero la Asociación Nacional de Empleados Judiciales (Asonal) rechazó las concesiones e insistió en su exigencia inicial.
Dicha propuesta era lo máximo que se podía hacer, según manifestó el mandatario "para no poner en peligro las finanzas estatales e instó a los huelguistas a que aceptaran ese gran esfuerzo". Al día siguiente, durante la asamblea de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), el banquero más importante del país, Luis Carlos Sarmiento, recomendó adoptar ese régimen de excepción y Uribe prometió analizarla "con urgencia, pero sin desespero".
Los primeros dos decretos expedidos este jueves al amparo de la conmoción interior fueron para restablecer el servicio público de la justicia y agilizar los procesos paralizados por medio de personal especial y descongestionar los despachos.
A pesar de todo, Uribe aseguró que no se han cerrado las puertas del diálogo con los empleados en huelga.
Comunicado completo
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Bogotá, 9 oct (SP). El Gobierno Nacional, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 213 de la Constitución Política de Colombia, ha declarado hoy el Estado de Conmoción Interior en todo el territorio nacional por el término de 90 días.
El país afronta una grave perturbación del orden público y social, porque la administración de justicia no se encuentra funcionando de manera normal y adecuada, lo cual atenta contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado y la convivencia ciudadana.
Como consecuencia del cese de actividades de la Rama Judicial, han quedado en libertad más de 2.720 personas capturadas por la sindicación de delitos de homicidio, lesiones personales, hurto y tráfico de estupefacientes, entre otros, según informe de la Policía Nacional.
El Fiscal General de la Nación informó que es inminente la salida de las cárceles, por vencimiento de términos, de personas sindicadas de delitos relacionados con los trágicos hechos de la toma del Palacio de Justicia, secuestro y otros graves delitos.
En diferentes casos que se tramitan bajo el sistema acusatorio, continúan corriendo los términos, sin que el Fiscal pueda formular la correspondiente acusación, abriendo la posibilidad de que estos procesos queden en la impunidad.
Además, la Fiscalía General informó que no puede continuar la investigación de numerosos delitos, lo que podría dejar en libertad, entre otros, a los autores del secuestro y posterior homicidio del niño Santiago, ocurrido en Chía.
El Ministerio Público, en cabeza del señor Procurador General de la Nación y el Fiscal General de la Nación, han solicitado al Gobierno Nacional adoptar medidas de emergencia acorde con las atribuciones que le otorga la Carta Política, tendientes a conjurar las perturbaciones causadas por la ausencia del funcionamiento de la administración de justicia en todo el territorio nacional.
La administración de Justicia presenta más de 120.751 procesos que se han dejado de fallar, así como 36.986 decisiones de tutela, la no realización de 25.284 audiencias, incluidas 15.983 audiencias de Control de Garantías.
La situación descrita, pone en evidente el peligro de la estabilidad institucional, la seguridad del Estado y la Convivencia Ciudadana, cuyos hechos son expresión inequívoca de desestabilización y atentan de manera inminente contra el normal funcionamiento deltas instituciones legítimamente constituidas, el orden publico, el acceso normal a la justicia por parte de los ciudadanos y todos los sectores de la sociedad.
Mediante las atribuciones del articulo 213 de la Constitución Política de Colombia, el Gobierno Nacional tiene la facultad de dictar decretos con fuerza de ley que le permitan conjurar las causas de la perturbación y de suspender las leyes incompatibles con el Estado de Conmoción.
Por esas altísimas razones en defensa de los derechos de todos y cada uno de los ciudadanos, el gobierno asumirá estas facultades, con todo el vigor pero con absoluto apego a las normas constitucionales y legales, y por lo tanto expedirá sus primeros decretos de Conmoción Interior, entre otros con los siguientes propósitos:
Facultar al Consejo Superior de la Judicatura para crear, suprimir, trasladar, nombrar y posesionar a funcionarios que garanticen la prestación del servicio público esencial de la Justicia.
Dictar medidas para descongestionar, mediante atribuciones de competencia a los notarios, todos los procesos de jurisdicción voluntaria, incluidos los de adopción.
Otorgar facultades a la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura, para suspender funcionarios judiciales que de manera injustificada se abstengan de prestar sus servicios al público.
Autorizar a los jueces para rechazar de plano una demanda por manifiesta carencia de fundamentos.
Modificar el Código de Procedimiento Civil que permita conjurar los efectos originados por el paro, que han agravado la congestión de los despachos judiciales.
El Gobierno hará las modificaciones presupuestales necesarias para atender las medidas adoptadas con fundamento en la declaración de Conmoción Interior.
El Gobierno mantiene la voluntad de diálogo y concertación con todos los sectores de la sociedad, especialmente con los servidores judiciales.
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