Acusan a Ejército paraguayo de violar derechos de campesinos
Organizaciones No Gubernamentales(ONG) de Paraguay, Argentina, Chile, Colombia, Estados Unidos (EE.UU.) y Suecia denunciaron a través de un informe publicado ayer(jueves), la violencia a la que son expuestos los campesinos e indígenas por parte del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) con el pretexto de perseguir a un grupo armado ilegal.
Organizaciones No Gubernamentales(ONG) de Paraguay, Argentina, Chile, Colombia, Estados Unidos (EE.UU.) y Suecia denunciaron a través de un informe publicado ayer(jueves), la violencia a la que son expuestos los campesinos e indígenas por parte del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) con el pretexto de perseguir a un grupo armado ilegal.
Los 43 representantes de ONG, integradas en una "Misión de Observación internacional", que visitaron durante cuatro días distintas zonas de Paraguay, explicaron mediante el informe que "con el argumento de la persecución del enemigo interno (EPP), desde el primer estado de excepción decretado en 2010, el Estado paraguayo ha profundizado sus prácticas represivas, a través de la asignación de funciones de seguridad interna a los cuerpos militares".
El texto, basado en testimonios de los pobladores e instituciones de esas áreas, denuncia la existencia de agresiones, abusos sexuales, detenciones arbitrarias e incluso avisan de la existencia de "ejecuciones extrajudiciales" por parte de las tropas desplegadas.
Asimismo se conoció que el número de muertos atribuidos al grupo armado desde la asunción del nuevo Gobierno del presidente paraguayo, Horacio Cartes, el pasado agosto, se elevó a siete el 24 de octubre, con el asesinato de un comisario en una emboscada. El Gobierno asegura que el EPP es el autor de 32 asesinatos en distintos ataques desde 2005.
El primer supuesto ataque del EPP tras la posesión de Cartes se registró el 17 de agosto, cuando fallecieron cinco guardias de seguridad de una hacienda ganadera de propiedad brasileña en Tacuatí, uno de ellos un policía en activo fuera de servicio.
A los pocos días, el Gobierno logró que se aprobaran enmiendas a la Ley de Defensa Nacional para enviar de inmediato fuerzas militares a la zona donde presuntamente opera el grupo, en los departamentos de San Pedro, Concepción y Amambay, fronterizo con Brasil. Desde entonces, unos 300 efectivos del Ejército permanecen desplegados en la zona.
Para evitar el abuso de poder, los senadores aprobaron un artículo que faculta al Congreso "a decidir el cese de la intervención" de los efectivos castrenses.
"Lo que ha pasado en la realidad es que en vez de encontrar a los responsables se están produciendo abusos contra personas inocentes", afirmó en la rueda de prensa Enrique Gauto, secretario ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy).
El EPP, al que las autoridades atribuyen sus orígenes en el partido Patria Libre, no ha reivindicado públicamente ninguno de los ataques ocurridos desde agosto, y el Gobierno no ha facilitado información de detenciones de presuntos miembros en estos meses.
