Al menos 180 jueces son amenazados de muerte
Al menos 180 jueces colombianos reciben amenazas contra su vida e integridad física cada año, de acuerdo con datos ofrecidos por el presidente la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura de dicho país, Hernando Torres.
Esta aseveración de Torres se produce días después que la jueza penal del departamento del fronterizo del Arauca, Gloria Constanza, fuera asesinada por sicarios.
Constanza seguía el caso por el homicidio de tres hermanos menores de edad donde están involucrados varios militares, refirió Prensa Latina.
Las autoridades forenses indicaron que la abogada fue baleada en la localidad de Saravena (Arauca) cuando se dirigía al juzgado municipal.
La cantidad actual de jueces amenazados recuerda las dificultades que atravesaron los magistrados durante la época conocida como narcoterrorismo, cuando los capos de la droga giraban órdenes para asesinar a jueces y magistrados colombianos.
Torres aclaró a través de una entrevista ofrecida a Caracol Radio que el Consejo Superior de la Judicatura no decide el tipo y ni la localización de la vivienda de los jueces, quienes en algunos casos habitan en zonas poco seguras.
Dijo que su despacho sólo ofrece seguridad extra a aquellos funcionarios judiciales que hayan comunicado haber sido víctimas de amenazas.
Mientras tanto, unos 40 mil trabajadores del campo judicial pertenecientes al departamento de Cesar, anunciaron la realización de una jornada de huelga de actividades como medida de protesta ante el asesinato de la jueza Gloria Constanza.
Al respecto, Elvert Mendoza, presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial (Asonal Judicial), indicó que este paro busca denunciar el gran número de funcionarios del sector que reciben a diario amenazas contra su vida.
Igualmente, Fabio Hernández, directivo de Asonal Judicial, informó que es necesaria la creación de un censo que permita la disminución de la desprotección en que se encuentra este sector.
"Queremos exigir la elaboración de un estudio que determine el nivel de riesgo de cada funcionario por los procesos que lleva y por las zonas donde se encuentra con el fin de diseñar un mecanismos para su protección", expresó.
