Acusados ex funcionarios de Uribe por espionaje
Dos ex funcionarios colombianos cercanos al ex presidente Álvaro Uribe (2002-2010) fueron acusados formalmente ante Corte Suprema de Justicia por espionaje ilegal, un escándalo que puso en entredicho la credibilidad del Estado.
Se trata de María del Pilar Hurtado, asilada en Panamá y ex jefa de la policía secreta, y Bernardo Moreno, ex secretario general de la Presidencia.
Por otra parte, en la misma diligencia el alto tribunal admitió como víctimas y parte del proceso judicial a tres ex congresistas, siete magistrados y un integrante del Consejo de la Judicatura.
Entre los exparlamentarios están la activista por la paz Piedad Córdoba y el ex candidato presidencial Gustavo Petro, así como Yidis Medina.
Esta última hace parte de un proceso por irregularidades en las gestiones de una enmienda constitucional que facilitó en 2006 la reelección de Uribe, también investigado por su responsabilidad en el escándalo de espionaje ilegal.
Durante la vista, la fiscal general de la nación, Viviane Morales, formuló los pliegos de cargo contra los ex funcionarios.
En el caso de Hurtado, reo ausente, Morales la acusó de los delitos de concierto para delinquir agravado, abuso de función pública, peculado por apropiación, interceptación ilegal de comunicaciones y falsedad ideológica y utilización indebida dinero público para soborno.
A su vez, a Moreno -preso desde agosto pasado- la fiscal le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, abuso de función pública y violación ilícita de comunicaciones.
Magistrados, políticos, ex funcionarios, opositores, periodistas, activistas de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales fueron objeto de vigilancia por parte del controvertido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, policía secreta).
Un complot que a lo largo del pasado año se despejó e involucró a no pocos funcionarios del gobierno de Uribe, a quien se le abrió una investigación en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.
Con ello se pretende establecer si el ex mandatario es culpable por acción u omisión de espionaje ilegal, pues una operación de vigilancia de tal magnitud es, según los perjudicados, prácticamente imposible sin la anuencia del jefe de Estado.
Hasta el momento las pesquisas, evidencias, testimonios y confesiones demuestran que el DAS tenía entre sus principales objetivos -por medio de interceptaciones y seguimientos ilegales- desacreditar, desprestigiar y atacar a ciudadanos e instituciones de relevancia nacional.
