A siete años del sabotaje petrolero
Hoy se cumplen siete años del sabotaje petrolero cometido contra la principal industria nacional, Petróleos de Venezuela (Pdvsa) por parte de sectores contrarrevolucionarios.
El acontecimiento más dramático ocurrido durante toda la historia de la principal industria nacional, Petróleos de Venezuela (Pdvsa), ha sido, sin dudas, el sabotaje cometido contra esta empresa, por parte de sectores contrarrevolucionarios, entre diciembre de 2002 y enero de 2003, hecho del cual este miércoles 2 de diciembre se cumplen siete años.
La mayor resistencia al proceso de cambios impulsado por el Gobierno Nacional, vino, definitivamente, de la gerencia de la propia industria nacional.
Con la pretensión de derrocar por la vía violenta al Gobierno legítimo del presidente Hugo Chávez Frías, grupos oposicionistas ocasionaron pérdidas registradas en Pdvsa que se valoran en más de 18 mil millones de dólares.
Cabe destacar que las perdidas tienen que ver con disminución de las ventas, compra de gasolina importada así como daños a instalaciones y equipos, entre otras.
Además, la acción ilegítima de este pequeño grupo de golpistas dejó miles de personas fallecidas, lesionadas y desempleadas. En general, Venezuela empezó aquel diciembre de 2002 uno de los lutos más grandes de su historia.
El sabotaje
En este caso, y bajo este contexto, ¿a qué se puede llamar sabotaje?: a una acción que consiste en dañar ciertas instalaciones, productos, servicios públicos y, en general, los bienes sociales, económicos y militares del Estado, realizadas por los obreros en apoyo de sus reivindicaciones o por los enemigos de un sistema político, como en este caso, una malintencionada actividad en contra de una industria o empresa.
De las acciones devenidas de los actos de sabotaje, cuyo objetivo es producir un daño, el sabotaje es considerado como una trasgresión a la ley.
En prevención a este tipo de acciones, la gerencia petrolera siempre está atenta en garantizar la seguridad de la operatividad de la industria y denunciar aquellos actos de sabotaje.
Los hechos
El lunes 2 de diciembre de 2002, fuerzas de la contrarrevolución al Gobierno del presidente, Hugo Chávez Frías, iniciaron una acción política llamada “paro cívico nacional”, convocado con el fin de derrocar al mandatario nacional.
El 4 de diciembre los canales de televisión y radio del país comenzaron a trasmitir la noticia de la paralización de un tanquero de PDV-Marina, el Pilín León, en el canal de navegación del Lago de Maracaibo, estado Zulia.
Las imágenes mostraban cómo la tripulación de ese barco apoyaba y participaba en la acción contrarrevolucionaria. El tanquero permaneció fondeado y bajo el control de la tripulación insurrecta durante 17 días y se convirtió en la expresión más clara del compromiso de muchos gerentes, empleados y trabajadores de la vieja Pdvsa con la acción de protesta que ya se había convertido claramente en acción de sabotaje.
De allí en adelante, dirigentes de los sindicatos petroleros que habían promovido la paralización de la industria, conjuntamente con representantes de la cúpula empresarial venezolana, Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) y de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), la para entonces principal central sindical de trabajadores del país, aparecían como voceros e instigadores principales de esta acción insurreccional.
Tal como había ocurrido durante el golpe de Estado de abril de 2002, la contrarrevolución logró la insólita afiliación de la patronal y los trabajadores para cometer nuevamente actos ilegales y vandálicos contra los poderes establecidos en el país, con la pretensión, luego del fracaso del golpe político y mediante la desestabilización de la principal fuente de ingresos de Venezuela, la industria petrolera, de obligar la renuncia del presidente Chávez Frías.
Los sucesos del Pilín León demostraron rápidamente que la estrategia se centraba en lograr la paralización del sector petrolero nacional.
Siguieron a la tripulación del Pilín León las de los demás tanqueros de PDV Marina, gerentes y operadores de refinerías, empleados y trabajadores de los campos, profesionales y técnicos de las áreas de informática, contratistas de transporte interno de combustibles y derivados, en resumen, personal de distintas áreas con capacidad real para perturbar seriamente el funcionamiento de la principal industria nacional.
Los efectos
Las acciones del sabotaje petrolero consiguieron restringir, entre otras actividades, la producción de combustibles aeronáuticos, gasolina, gasoil, así como el transporte desde los centros de producción o refinación hasta los centros de suministro comercial.
Entre otras afectaciones se pueden enunciar las siguientes: la afectación del suministro a la planta de combustible del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, estado Vargas, con perjuicio para el funcionamiento de líneas aéreas nacionales e internacionales; suspensión del suministro de combustible desde las plantas de Carenero, Guatire y Catia La Mar,en Vargas; el cierre de 90% de las estaciones de servicio en los estados Aragua, Guárico, Apure y Carabobo.
La suspensión total de la actividad en las plantas de Yagua y de Barquisimeto, ésta última surtidora de los estados Yaracuy, Lara y Cojedes; suspensión de la planta Guaraguao, con perjuicio para los estados Anzoátegui, Nueva Esparta y parte de Sucre; suspensión de la planta Maturín, con cierre de las estaciones de servicio de los estados Monagas, Delta Amacuro y Sucre.
Suspensión de la planta de San Tomé, con lesión a la actividad de transporte de alimentos y productos industriales de la región Mínimo, despacho de las plantas de Puerto Ordaz y Ciudad Bolívar, de la planta de Bajo Grande, surtidora de la costa oriental del Lago de Maracaibo, de la planta de San Lorenzo, que operó en 50%, con perjuicio para el suministro de los estados Zulia, Trujillo y parte de Lara y Falcón.
Suspensión total de actividades de la planta El Vigía, con afectación de los estados Mérida, Táchira y Apure; la paralización del buque Pilín León y de otros 12 tanqueros pertenecientes a la flota de PDV Marina; la presencia de 11 buques pertenecientes a armadores internacionales fondeados frente a diferentes puertos petroleros del país, lo cual no sólo paraliza el suministro de combustible al mercado interno, sino la venta de crudos y productos para la exportación.
La negativa de seis buques tanqueros de terceros a atracar en muelles de Pdvsa, por considerar que no existe personal calificado en dichas instalaciones; la producción total de crudo disminuyó en 68%, tendiendo dicho porcentaje a descender aún más debido a la detención de la producción, a las restricciones de almacenamiento, a la paralización de 29 unidades de compresión en el Lago de Maracaibo y al detenimiento de las actividades del Terminal Lacustre de La Salina, por abandono del personal.
Asimismo, la paralización total en algunos casos y funcionamiento parcial de las refinerías El Palito, Puerto La Cruz y Paraguaná, así como en las petroquímicas ubicadas en el Tablazo, Morón y José, y casos de personal con hasta 48 horas de trabajo continuo.
Durante diciembre de 2002 y los primeros meses de 2003, el sabotaje petrolero trajo como consecuencia una disminución abrupta de las principales actividades económicas del país y secuelas tanto para la corporación, como para la sociedad venezolana.
Estudios del Ministerio de Finanzas y del Banco Central de Venezuela (BCV) señalan los siguientes datos:
El monto de las pérdidas por ventas no realizadas llegó a 14 mil 430 millones de dólares, aproximadamente, lo cual motivó una disminución de un monto cercano a 9 mil 998 millones de dólares en la capacidad contributiva de Pdvsa y sus filiales al fisco nacional. Esto limitó la capacidad del Ejecutivo Nacional para la ejecución de sus planes y programas.
El Producto Interno Bruto del país registró una caída de 15,8%, durante el cuarto trimestre de 2002, y de 24,9%, durante el primer trimestre de 2003. En el sector petrolero, la caída del PIB fue de 25,9% y 39,3%, respectivamente.
Se registró, igualmente, una contracción en los montos de las Reservas Internacionales en Divisas y del Fondo para la Estabilización Macroeconómica, lo cual obligó al Ejecutivo Nacional, conjuntamente con el BCV, a dictar las medidas para establecer un sistema de control de cambios, con el fin de atenuar los efectos negativos sobre la economía nacional.
En términos monetarios, se observó un aumento en el efectivo de 26%, una caída de los depósitos bancarios de 8%, aumento 4,5 puntos porcentuales en la tasa activa y una ampliación del margen de tasas de 4,1 puntos porcentuales.
Causas del conflicto entre gerentes y ejecutivos de Pdvsa con el Gobierno
La mayor resistencia al proceso de cambios impulsado por el Gobierno Nacional actual, hasta enero de 2003, vino de la gerencia de la propia industria.
La causa fundamental del conflicto entre gerentes y ejecutivos de Pdvsa con el Gobierno de Hugo Chávez Frías, expresado por una parte en el golpe de Estado de abril de 2002 y por otra, en el sabotaje petrolero de diciembre de ese año y enero de 2003, fue la reforma petrolera puesta en marcha por el Gobierno Nacional.
Esta nueva política siempre tuvo como propósito corregir la Pdvsa que había logrado convertirse prácticamente en un Estado dentro del Estado y que había escamoteado al pueblo venezolano, con el uso de su enorme capacidad y potencial económico, el rendimiento de su riqueza nacional.
La vieja Pdvsa, corporación estatal, funcionaba en la práctica como una empresa privada, dirigida por una “meritocracia”, término con el cual se conoce a la élite económicamente privilegiada y desconectada de los intereses verdaderamente nacionales que dirigía la corporación.
Esta vieja Pdvsa tenía niveles tan altos de autonomía respecto al Estado venezolano, que era capaz de definir el rumbo de la política petrolera venezolana y emprendía iniciativas propias en las que se priorizaban los intereses de la empresa y se relegaba a segundos niveles los intereses del resto de la sociedad.
También desde los inicios mismos de la industria nacionalizada en 1975 comenzaron las presiones para disminuir la contribución fiscal de la empresa y este renglón se convirtió en una verdadera “caja negra”.
Bajo el argumento de la necesidad cierta de recuperar niveles satisfactorios de reservas probadas, muy menguadas al momento de la nacionalización, se permitió que Pdvsa no pagara dividendos a su único accionista, el Estado, por años.
Sólo la aguda crisis económica de 1994, causada por la más severa crisis financiera del país en toda su historia, forzó al Gobierno de ese momento a reclamar por primera vez el pago de esos dividendos.
Diversos mecanismos diseñados y perfeccionados durante el período concesionario para garantizar una adecuada participación del fisco en los ingresos del negocio petrolero fueron desmantelándose.
La regalía, por ejemplo, establecida en un sexto como mínimo en la ley de 1943, pasó a ser un máximo y en algunas asociaciones de la Apertura llegó a fijarse en 1%; los Valores Fiscales de Exportación, que servían como instrumento de tributación indirecta en momentos de ganancias excesivas por los elevados precios del petróleo en el mercado internacional, fueron, por presión de la corporación, eliminados; cuantiosas inversiones en el exterior, con muy escaso control por parte del Ejecutivo y con dividendos inexistentes, elevaron los costos en demasía, lo que redujo el aporte tributario.
Todo ello redundó en una significativa merma de la participación fiscal en el negocio petrolero venezolano.
Durante la llamada Apertura Petrolera, y contrariando toda la experiencia previa, en Venezuela se avanzó hacia un régimen fiscal más liberal, en el que el concepto de propiedad nacional y soberana del recurso tendió a debilitarse y con ello, el derecho del Estado a reclamar parte importante de la renta como justa compensación y derecho natural al ser el accionista principal.
Los regímenes fiscales liberales, como el aplicado en este caso, tienden a disminuir la importancia del Estado como propietario y a considerar el recurso natural como libre, sobre el que no hay, o se procura minimizarlos, derechos de compensación por su explotación.
