Avanza redacción del Reglamento de Ley Orgánica contra la Violencia de Género
La magistrada Lourdes Suárez Anderson, vicepresidenta de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), lideró una jornada institucional para evaluar los avances en la redacción del Reglamento de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
En su rol de coordinadora de la Comisión Nacional de Justicia de Género, la funcionaria analizó detalladamente los informes técnicos que el equipo de trabajo ha recopilado desde el pasado mes de abril, lo cual sirvió para sistematizar las consideraciones legales orientadas a optimizar los canales de respuesta del Estado.
Vale mencionar que esta acción se inscribe dentro de las líneas de acción del Programa para la Paz y la Convivencia Democrática.
Estructuración de la norma en dos vertientes
Por su parte, la comisión metodológica logró estructurar el contenido de la futura norma jurídica en dos vertientes fundamentales: la dogmática y la procesal. Este avance se concretó tras una evaluación exhaustiva de más de 10 proyectos legales consignados por especialistas en derecho penal, funcionarios del Ejecutivo, académicos y defensores de los derechos humanos.
Debido a la necesidad de blindar la protección integral de las víctimas, la mesa técnica enfocó sus propuestas en hacer más eficaces las políticas de prevención y sanción contra las agresiones. De este modo, el nuevo texto normativo busca adaptar los procedimientos judiciales a las realidades sociales de este 2026.
Participación e impulso institucional conjunto
Finalmente, el debate técnico se desarrolló en el Anexo Protocolar del alto tribunal y contó con la presencia de la viceministra de Protección Social de los Derechos de las Mujeres, Nancy García, quien actúa como cocoordinadora del espacio.
A la actividad también asistieron investigadoras especializadas y diversas comisiones del Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género.
La articulación entre el Poder Judicial y las carteras ministeriales garantiza que el reglamento cuente con una base legal sólida y con legitimidad social, reafirmando el compromiso del Estado venezolano de erradicar el maltrato y consolidar la justicia social.
Fuente: Últimas Noticias
