Aprueban ley contra inmigrantes
Legisladores estadounidense de Alabama avalaron una ley para penalizar la inmigración ilegal que incluye que todos los negocios verifiquen que los empleados nuevos son residentes legales, una norma considerada aún más dura contra la polémica ley SB1070 de Arizona, la cual criminalizó la inmigración ilegal.
La Cámara de Representantes aprobó la iniciativa por 67 votos a favor y 29 en contra; mientras el Senado lo hizo con 25 a favor y siete en contra.
El proyecto fue promovido por dos legisladores republicanos: Micky Hammon y Scott Beason.
La norma espera ahora la firma del gobernador de Alabama, Robert Bentley, quien ha dicho que analizará la legislación durante el fin de semana.
Al igual que la cuestionada ley de Arizona, la de Alabama permite a los policías detener a un automovilista por una infracción de tránsito si tienen “sospecha razonable” de que esa persona está de manera irregular en el país.
Los promotores de la ley dicen que si el conductor no tiene licencia de conducir u otro documento, el policía tratará de determinar su identidad por otros registros.
Agregan los legisladores republicanos que “sospecha razonable” puede incluir actuar de manera nerviosa o tener una inscripción que no concuerde con el registro del vehículo.
De acuerdo con la norma, las escuelas públicas exigirán prueba de residencia legal para la inscripción de los estudiantes y deberán entregar informes a la junta estatal de educación sobre el estatus migratorio de los alumnos. También prohíbe la educación universitaria para estudiantes indocumentados.
Además, la ley exige que los negocios utilicen el programa federal E-Verify para verificar el estatus migratorio de sus empleados. Las empresas podrían perder sus licencias si contratan a indocumentados.
La Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos (Aclu) dijo que la ley de Alabama viola la Constitución, por lo que presentará una demanda para frenar la norma.
“La ley regula todos los aspectos de la vida de las personas en Alabama, desde cerrar los colegios a los niños hasta impedir el derecho de alquiler de vivienda, ganar un sueldo o ejercer el derecho constitucional al voto”, dijo Cecillia Wang, directora de Aclu.
