Organizaciones sociales exigen la revocatoria de Daniel Noboa en Ecuador
Diversos colectivos se movilizaron en Quito este miércoles 24 de junio de 2026 para exigir los formularios de recolección de firmas que impulsen la destitución del binomio presidencial. Esta creciente presión social e indígena busca forzar la celeridad del árbitro electoral ante el descontento por la crisis económica y de seguridad del país

Movimientos civiles marcharon en Quito hacia las instalaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE). La protesta busca presionar al organismo para que otorgue los formularios que permitan recolectar firmas, agilizando así el proceso de revocatoria de mandato iniciado hace dos semanas contra el presidente Daniel Noboa y la vicepresidenta María José Pinto.
Los promotores de la iniciativa justifican la revocatoria señalando el incumplimiento de las promesas de campaña, el incremento tributario, el fin de los subsidios a los combustibles, el desempleo masivo y las fallas en el sistema eléctrico. Asimismo, critican la ineficacia del Gobierno ante la ola de inseguridad y las reformas laborales aplicadas.
De manera paralela, sectores del movimiento indígena, trabajadores del campo y sindicatos tienen previsto formalizar este miércoles una nueva petición de revocatoria ante el órgano electoral.
El jurista Washington Andrade, representante de la plataforma RevocaEC, explicó que el término legal para que el presidente respondiera venció el 23 de junio. A partir de esa fecha, el CNE dispone de un lapso de hasta 15 días para validar la emisión y entrega de las planillas de firmas.
El recurso, amparado en la Constitución ecuatoriana, fue introducido originalmente el 9 de junio. Durante esa jornada de manifestaciones, las fuerzas policiales utilizaron gases lacrimógenos para disolver la concentración de ciudadanos congregados a las puertas del CNE.
Con el fin de convocar formalmente a las urnas, la legislación local exige a los promotores recolectar las rúbricas del 15% de los electores registrados, un volumen que se traduce en cerca de dos millones de firmas a nivel nacional.
Finalmente, el abogado Andrade cuestionó la imparcialidad y claridad del CNE en este proceso, señalando que interpondrán recursos legales contra los directivos del organismo electoral si persisten los retrasos en la entrega del material.




