Con el propósito de humanizar el aparato judicial y adecuar la formación profesional a las realidades socioproductivas de la nación, la ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria y secretaria ejecutiva del Programa Nacional de Convivencia Democrática y Paz, Ana María Sanjuán, planteó la necesidad imperiosa de abordar el sistema de justicia penal desde una perspectiva académica y profundamente social, llamando la atención sobre el impacto que genera la vulnerabilidad económica en el entorno familiar de los privados de libertad.
Durante su intervención en las mesas de trabajo del Estado venezolano, la ministra señaló que la pobreza es un factor «muy palpable» en los procesos penales, el cual termina afectando de forma directa e indirecta a los allegados de los internos. «Las familias quedan presas al lado del preso que tienen; las madres tienen que quedarse con los hijos de los hijos para poder cuidarlos», explicó Sanjuán, instando a las instituciones públicas a desarrollar una mayor sensibilidad y corresponsabilidad ante esta realidad civil.
Creación del Nodo de Formación e Investigación en Justicia
Como solución estructural a las fallas del sistema, Sanjuán anunció que desde el Ministerio de Educación Universitaria se ha diseñado la creación de un Nodo de Formación e Investigación en Justicia. Esta iniciativa estratégica busca integrar de manera formal a las facultades de ciencias jurídicas y derecho de las distintas universidades del país, junto a instituciones especializadas como la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), para diagnosticar de forma científica las necesidades reales de la República en materia penal.
«Debemos diversificar la formación de nuestros futuros profesionales del derecho. Necesitamos capacidades enfocadas en proteger a la célula fundamental de la sociedad, que es la familia, y en resguardar las áreas estratégicas de la economía nacional, superando la visión únicamente punitiva», aseveró la profesora.
Masificación de los DD. HH. en las aulas
Para viabilizar esta transformación académica y ciudadana, la titular de la cartera universitaria propuso la implementación de planes de capacitación masiva y el establecimiento formal de una Cátedra Libre de Derechos Humanos en todo el sistema universitario nacional. Este espacio pedagógico estará orientado a visibilizar, debatir y superar los déficits institucionales actuales, sembrando una cultura de paz en los futuros servidores públicos del país.
Finalmente, Sanjuán destacó que el escenario político y judicial actual ofrece una oportunidad idónea para ampliar con rigurosidad los alcances de las medidas humanitarias y de reclusión ejecutadas hasta el momento. Informó que los comités técnicos evalúan de forma permanente los mecanismos legales para aplicar de manera más extendida las prerrogativas contempladas en las leyes venezolanas, con el firme objetivo de otorgar nuevas liberaciones en las próximas horas.
