Ley de Promoción y Protección de la Construcción de Viviendas impulsará la inversión privada nacional
El marco legal fortalecerá las alianzas estratégicas para acelerar la respuesta a la demanda habitacional.
El jefe Mayor de los Campamentos Transitorios, Jorge Rodríguez, expresó su agradecimiento a la presidenta de la República, Delcy Rodríguez Gómez, por la promulgación de la Ley de Promoción y Protección de la Construcción de Viviendas. Esta nueva herramienta legal está diseñada para articular esfuerzos con el sector privado y dinamizar el mercado inmobiliario nacional, permitiendo canalizar mayores flujos de inversión destinados al desarrollo y la edificación de nuevos urbanismos en todo el país.
A través de su canal oficial de Telegram, el jefe institucional destacó que la entrada en vigencia de este texto legal impulsará la construcción masiva de hogares en coordinación directa con los órganos del Estado. La normativa establece incentivos, garantías jurídicas y simplificación de trámites para potenciar la infraestructura residencial, permitiendo acelerar la respuesta gubernamental ante las necesidades habitacionales de la población e incrementar la capacidad operativa de las empresas constructoras venezolanas.
Asimismo, la legislación facilita las condiciones técnicas y financieras para consolidar alianzas estratégicas que fortalezcan la reconstrucción del hábitat en las zonas priorizadas. Con esta iniciativa, el Gobierno nacional ratifica su compromiso constitucional de asegurar el derecho a una vivienda digna para las familias, promoviendo el bienestar social, la reactivación económica del sector de la construcción y la generación de empleos directos e indirectos en la industria pesada nacional.
Finalmente, el Ejecutivo nacional enfatizó que el nuevo marco normativo se alinea con la agenda de desarrollo socioproductivo y la modernización de los servicios públicos estatales. Con la promulgación de esta ley histórica, el Estado venezolano reafirma la cooperación público-privada como un motor fundamental para garantizar la planificación urbana sustentable, la estabilidad habitacional de las comunidades y la recuperación integral del hábitat en todo el territorio patrio.
