Diputado Arreaza reporta más de 6.000 libertades plenas mediante la Ley de Amnistía
La Comisión de Seguimiento destaca avances en la convivencia democrática y la articulación entre poderes para consolidar la paz nacional
El diputado Jorge Arreaza, presidente de la Comisión de Seguimiento de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, ofreció este martes un balance detallado sobre el impacto de este instrumento legal en el país. Durante una reunión de la comisión, Arreaza destacó que la ley es un aporte fundamental para la estabilidad política, económica y social de la República, permitiendo el reencuentro entre sectores con profundas diferencias programáticas.
El parlamentario informó que, hasta la fecha, se han recibido 9.419 peticiones, resultando en el otorgamiento de 6.017 libertades plenas. De este total, 5.826 corresponden a ciudadanos que se encontraban bajo regímenes de presentación y medidas cautelares, cuyas causas han sido extinguidas definitivamente. Asimismo, precisó que 245 personas que permanecían privadas de libertad han sido excarceladas bajo este beneficio. En el ámbito castrense, el sistema de justicia militar ha procesado la liberación de 31 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana vinculados a eventos de confrontación política.
Arreaza subrayó que este proceso ha sido posible gracias a una articulación extraordinaria con el Poder Judicial, el Ministerio Público y diversas instancias como la Comisión de Política Interior. “Esta ley nos ha permitido escuchar a los más diversos actores, desde las víctimas de la violencia política de años anteriores hasta los familiares de los detenidos”, expresó, resaltando que el objetivo primordial es garantizar la convivencia democrática que la nación requiere.
Respecto a los procedimientos, recordó que los jueces disponen de un lapso de 15 días continuos para emitir una sentencia de sobreseimiento o determinar la inaplicabilidad del caso según los supuestos legales. Finalmente, el diputado enfatizó que, aunque la ley no garantiza la paz por sí sola, representa un paso crucial para la conciliación nacional en este nuevo momento político, reafirmando el compromiso del Estado con la justicia y el respeto institucional en Venezuela.
