Cuerpos policiales evalúan directrices estratégicas de la reforma de la Ley de Justicia Penal

En un esfuerzo coordinado por optimizar el sistema de seguridad ciudadana y garantizar los derechos fundamentales de la población, los principales cuerpos policiales del país se reunieron este viernes para evaluar las directrices estratégicas derivadas de la reforma de la Ley de Justicia Penal. Este encuentro, impulsado por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, busca adecuar los protocolos de actuación policial a los nuevos parámetros legales aprobados para este año dos mil veintiséis.

Durante las mesas de trabajo, las autoridades policiales, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y los cuerpos de policía estadales y municipales analizaron los mecanismos de articulación necesarios para aplicar con eficiencia las nuevas normativas. El objetivo central de la reforma es agilizar los procesos judiciales, combatir la impunidad y asegurar que el debido proceso se cumpla de manera rigurosa desde el momento de la detención preventiva, fortaleciendo la confianza del pueblo en las instituciones del Estado.

Formación permanente y respeto a los derechos humanos

Uno de los pilares fundamentales abordados en la jornada fue la necesidad de masificar la formación técnica y jurídica de los funcionarios en todos los niveles de mando. Las directrices estratégicas contemplan la actualización de las academias policiales y la realización de talleres continuos sobre el nuevo marco penal, con un enfoque transversal en el respeto absoluto a los derechos humanos. De esta manera, se busca consolidar un modelo policial preventivo, científico y profundamente humanista que responda a las realidades sociales del país.

Finalmente, el Gobierno Bolivariano ratificó que la reforma de la Ley de Justicia Penal representa un avance histórico en la transformación del sistema judicial venezolano. La correcta ejecución de estas directrices por parte de los cuerpos policiales permitirá reducir el retardo procesal y optimizar los lapsos de investigación criminal. Con esta coordinación institucional, Venezuela avanza con firmeza hacia la consolidación de la paz territorial, la seguridad ciudadana y un sistema de justicia transparente, accesible y cónsono con los mandatos constitucionales.