Crean el Observatorio Andino Empresarial para impulsar reformas tributarias y laborales en la región
Gremios de Táchira y Mérida proponen la implementación de un monotributo, la condonación de deudas fiscales y la eliminación del IGTF
Con el firme propósito de defender la dinámica comercial de una región con dinámicas fronterizas y productivas particulares, la Cámara de Comercio e Industria del Estado Táchira, junto a la Cámara de Comercio de Mérida y diversos sectores gremiales andinos, anunció formalmente la creación del Observatorio Andino para la Dinámica Gremial y Empresarial.
La instancia surge para articular propuestas concretas frente a las reformas legales que atraviesa el país, especialmente en las áreas tributaria y laboral. En este bloque regional se articulan la Asociación de Productores de Papa del Estado Táchira (Apropatáchira), productores de hortalizas, asociaciones de ganaderos, importadores de la frontera, el Colegio de Contadores Públicos del Estado Táchira y cámaras de San Antonio, exigiendo atención a las realidades económicas de la zona andina.
El presidente de la Cámara de Comercio e Industria del Estado Táchira, Gionel Contreras, junto a Gerson Pavón (Apropatáchira) e Isabel Castillo (Cámara de Comercio de San Antonio del Táchira), respaldados por la visión técnica del gremio de contadores liderado por Rubén Camargo, estructuraron los cuatro puntos fundamentales de la propuesta:
– Creación de un monotributo: Consiste en agrupar en un único pago anual los tributos destinados a municipalidades, el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), el Fondo de Protección a las Pensiones y el Seguro Social. La meta es simplificar los trámites, ampliar la base de contribuyentes y desvincular a los comerciantes de la presión de múltiples dependencias.
– Remisión fiscal y «borrón y cuenta nueva»: Aunque los empresarios valoran la modernización tecnológica del Seniat y la flexibilización respecto al uso de máquinas fiscales, solicitan una condonación total de las deudas acumuladas por excesos del pasado para reiniciar operaciones sobre bases financieras sanas.
- Eliminación del impuesto a las pensiones: Los voceros señalaron que la protección social es una responsabilidad estatal por mandato constitucional. Argumentan que este tributo y sus sanciones han castigado los flujos de caja y la operatividad de las unidades productivas.
– Eliminación del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF): El gremio sostiene que este mecanismo, concebido originalmente para grandes patrimonios, afecta directamente al consumidor final. Contreras ejemplificó este impacto al señalar que un ciudadano que recibe divisas o remesas para la compra de alimentos básicos termina asumiendo un recargo del 3 % al momento de pagar.
Los integrantes del observatorio advirtieron que la coexistencia de más de 20 tributos y aportes parafiscales asfixia las finanzas del sector privado. Ante esta realidad, enfatizaron que la administración tributaria debe priorizar la orientación y el acompañamiento institucional por encima de las medidas punitivas o el cierre de establecimientos. Finalmente, solicitaron que la recaudación fiscal se reoriente hacia la mejora de la vialidad agrícola, la infraestructura de riego y el combate efectivo contra el contrabando en la frontera.
