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Arrancó segunda discusión del Código de Ética del Juez

Se pretende normar lo que sería la conducta ética del juez y jueza venezolana, estableciendo sanciones, amonestaciones y destituciones, pero quiso recalcar el objetivo del Código, se enmarca en los parámetros dentro de los cuales debe ejercer su función.

La plenaria de la Asamblea Nacional inició la segunda discusión del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, donde se establecen los principios éticos que guían la conducta de los jueces y juezas de la República, así como su régimen disciplinario, con el fin de garantizar la independencia e idoneidad de éstos y éstas, preservando la confianza de las personas en la integridad del Poder Judicial como parte del sistema de justicia.

El presidente de la Comisión de Política Interior, diputado Tulio Jiménez, explicó que se pretende normar lo que sería la conducta ética del juez y jueza venezolana, estableciendo sanciones, amonestaciones y destituciones, pero quiso recalcar el objetivo del Código, se enmarca en los parámetros dentro de los cuales debe ejercer su función.

El proyecto consta de 104 artículos y la plenaria adelantó la discusión hasta el artículo 50, resultando diferidos los artículos 1, 44, 48, 49, los dos últimos relacionados con el Comité de Selección y la representación en éste de los consejos comunales y del procedimiento y elección del Comité de Selección y Postulaciones para la elección de jueces y juezas.

Sobre las características de las sanciones dijo que su severidad corresponderá a la gravedad de la falta que se cometa o incurra el juez, respetando el debido proceso y con una importante participación de los consejos comunales, organizaciones que podrán consignar pruebas de las supuestas faltas de este funcionario.

Es una norma clara y con ella, llenamos un vacío constitucional dentro del Poder Judicial y la administración de justicia. Hicimos las respectivas consultas a todos los sectores involucrados en su ámbito, recogiendo los planteamientos efectuados en estos encuentros, destacó.

En cuanto al objeto y ámbito de la norma, el documento de la Comisión de Política Interior expresa que se establecen los principios éticos que guían la conducta de los jueces y juezas de la República, así como su régimen disciplinario, con el fin de garantizar la independencia e idoneidad de éstos y éstas, preservando la confianza de las personas en la integridad del Poder Judicial como parte del sistema de justicia.

Además precisa que se aplicará a todos los jueces y juezas dentro del territorio (…), se entenderá por juez o jueza todo aquel ciudadano que haya sido investigo conforme a la Ley, para actuar en nombre de la República (…) Se aplicará a jueces y juezas no titulares, en el entendido que el sometimiento a juicio disciplinario, no acarrea ni presume estabilidad alguna.

Se indica que "los demás intervinientes en el sistema de justicia que, con ocasiones de sus actuaciones judiciales, infrinjan disposiciones legales o reglamentarias, omitan o retarden la ejecución de un acto propio de sus funciones o cumplan negligentemente (…) deberán ser sancionados (as) según la ley que los rija.

En el artículo 4 se expresa que "El juez o jueza en ejercicio de sus funciones son autónomos, por lo que su actuación sólo deberá estar sujeta al ordenamiento jurídico. Sus decisiones, en la interpretación y aplicación de la Ley y el decreto, sólo podrán ser revisadas por los órganos jurisdiccionales que tengan competencia, por vía de los recursos procesales".

Igualmente se estima que el juez es imparcial en el ejercicio de sus funciones, por ello no podrán estar relaciones con ninguna de las partes del proceso, garantizará el respeto a la dignidad de la persona y sus derechos humanos, sus decisiones y sentencias no podrán ser afectadas por injerencias político partidistas, económicas, sociales, ni por influencias o presiones de medios de comunicación social o de la opinión pública.

Sobre sanciones se prevé desde la amonestación escrita, suspensión de uno a seis meses sin goce de sueldo y salario hasta su destitución e inhabilitación desde 2 hasta 15 años dependiendo de la gravedad de la falta.

Para la elección de los jueces y juezas del Tribunal Disciplinario Judicial y la Corte Disciplinaria Judicial, se establece que ambos serán elegidos por los Colegios Electorales Judiciales con asesoramiento del Comité de Postulaciones Judiciales, que – en el primer paso- estarán constituidos por un representante de cada órgano del Sistema de Justicia designados además por los Consejos Comunales legalmente organizados en cada estado en ejercicio de la soberanía popular y de la democracia participativa y protagónica.

El texto del artículo 47 expresa que los consejos comunales en asamblea de ciudadanos procederán a elegir de su seno a un delegado (da), tanto principal como suplente, conforme a lo que establezca el reglamento de la ley que lo rija.

Este Código derogaría la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura de 1998, el Reglamento de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial del 2005, los artículos 38,39 y 40 de la Ley de Carrera Judicial, el 29, 30, 31,32 y 33 del Decreto sobre el Régimen Transitorio del Poder Público (1999), los artículos 31 al 42 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (1998).

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