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Aprobadas sanciones políticas contra ex funcionarios corruptos

Las medidas se tomaron contra Didalco Bolívar, ex gobernador del estado Aragua; Nidia Gutiérrez, ex alcaldesa del municipio La Cañada (Zulia), así como para funcionarios de PDVSA Gas y de las compañías Metro de Valencia y Metro de Maracaibo

La plenaria de la Asamblea Nacional (AN) aprobó este lunes sanciones políticas contra Didalco Bolívar, ex gobernador del estado Aragua; Nidia Gutiérrez, ex alcaldesa del municipio La Cañada (Zulia), así como para funcionarios de PDVSA Gas y de las compañías Metro de Valencia y Metro de Maracaibo.

Las sanciones obedecen a ilícitos administrativos y de corrupción, en su mayoría.

En primer lugar, figuran dos informes que señalan al menos a 14 personas de incurrir en irregularidades administrativas en torno a obras a cargo de PDVSA Gas.

Por un lado, se declaró la responsabilidad política de ocho funcionarios con altos y medianos cargos por ilícitos "derivados del proceso de adjudicación directa para la obra de saneamiento, cegado y restauración ambiental de la fosa Mata 1, ubicada en Campo Mata, PDVSA Gas Anaco, estado Anzoátegui”.

De igual forma, seis funcionarios más resultaron señalados como los responsables de actos corruptos detectados en la compra de ciertas bienhechurías, por parte de PDVSA Gas, a un ciudadano particular.

En segundo lugar, otro informe da cuenta de la presunta responsabilidad del ex gobernador Didalco Bolívar (Aragua) en el otorgamiento de contratos onerosos a particulares, por lo que las acusaciones recaen también sobre 13 personas más que ocuparon cargos en la Administración de Bolívar.

Caso similar corresponde a la ciudadana Nidia Gutiérrez, ex alcaldesa del municipio La Cañada de Urdaneta, estado Zulia, y a siete funcionarios de su gobierno.

El último informe contiene detalles sobre abultados sobornos que la empresa Siemens de Alemania otorgó a diversos funcionarios para la obtención de los contratos de construcción de los sistemas Metro de Valencia (Carabobo) y Maracaibo (Zulia).

Este tipo de sanciones forman parte de las atribuciones de control que la Constitución de Venezuela consagra para la Asamblea Nacional, y tienen valor probatorio al momento de efectuarse cualquier procedimiento de carácter administrativo o penal.

En los informes se recomienda a la Contraloría General de la República tomar acciones orientadas a la inhabilitación de los implicados para optar a cargos públicos de designación y elección popular.

También sugieren al Ministerio Público iniciar los procedimientos que correspondan, de acuerdo con la Ley, para hacer efectiva la responsabilidad civil, laboral, militar, penal, administrativa o disciplinaria de los implicados.

Con la aprobación de estos informes, la AN culminó el período constitucional 2006-2011, durante el cual resultaron aprobadas 532 leyes: 191 orgánicas y especiales y 341 aprobatorias, estas últimas relativas a convenios internacionales, nombramientos diplomáticos y materias similares.

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