AN divulga leyes sobre vehículos terrestres en jornada con organismos públicos
La Asamblea Nacional (AN) llevó a cabo este jueves 29 de agosto un encuentro con representantes de distintos organismos públicos para promocionar y divulgar la Ley que Regula la Compra y Venta de Vehículos Terrestres Nuevos y Usados Nacionales o Importados, sancionada el 13 de agosto sólo con los votos del bloque bolivariano, y la Ley Especial sobre Hurto y Robo de Vehículos y Delitos Conexos, cuya sanción fue unánime el 15 de agosto.
La Asamblea Nacional (AN) llevó a cabo este jueves 29 de agosto un encuentro con representantes de distintos organismos públicos para promocionar y divulgar la Ley que Regula la Compra y Venta de Vehículos Terrestres Nuevos y Usados Nacionales o Importados, sancionada el 13 de agosto sólo con los votos del bloque bolivariano, y la Ley Especial sobre Hurto y Robo de Vehículos y Delitos Conexos, cuya sanción fue unánime el 15 de agosto.
“El receso es de sesiones, no del trabajo parlamentario”, aclaró en su intervención el primer vicepresidente de la AN, diputado Darío Vivas (Distrito Capital-ANTV). Esto lo fundamentó con el trabajo legislativo permanente en los 14 años de Gobierno Bolivariano, en el que se inscribe esta actividad; la reunión de la Comisión Delegada, de este miércoles 28 de agosto, cuando aprobó 11 créditos adicionales, así como la preparación de la agenda para el segundo período legislativo 2013.
Es menester agregar que este martes 27 de agosto, se llevó a cabo un acto similar donde la gran protagonista fue la Ley Orgánica de Cultura. En esa fecha se dieron cita en el Salón de los Escudos del Palacio Federal Legislativo cultores, cultoras y artistas, una de quienes fue la actriz Dilia Waikkaran. Junto con Vivas estuvo la titular de la Comisión Permanente de Cultura y Recreación, asambleísta Gladys Requena (Vargas-PSUV).
El legislador y dirigente socialista destacó en el trascurso de su disertación que estas reuniones se proponen darle seguimiento a la aplicación de las leyes, “qué cosa hay que reformar (…) agilizar”, estar pendiente de la atención que se brinda a la gente cuando hace sus solicitudes. Afincó además que se hacen con base en instrucciones precisas del titular de la AN, diputado Diosdado Cabello (Monagas-PSUV).
A la par, prosiguió, buscan coadyuvar el trabajo previsto por el presidente constitucional, Nicolás Maduro, con la Ley Habilitante que solicitó a la AN. Es “el apoyo político” para el combate contra la corrupción, contra la especulación y el acaparamiento, según ha establecido el Jefe de Estado, alegó.
No es “un chorizo” la gestación de las leyes
iputado Vivas resumió el proceso de formación de
las leyes para demostrar que no se trata de “un chorizo” la gestación de las normativas como subyace en las críticas “oposicionistas”, reprochó.
Contrastó la estructuración de los instrumentos jurídicos en bufetes durante la IV República con la metodología de ahora, en la que participa el pueblo y sectores involucrados.
Esto lo condujo de nuevo a la Habilitante, que en sí misma no resuelve, clarificó en respuesta a lo que alega la derecha, pero permitirá al presidente Maduro emitir decretos con rango y fuerza de ley para fortalecer la lucha anticorrupción y la burocracia, según señaló este miércoles el Mandatario venezolano desde el estado Zulia, recordó.
Para sustentar lo anterior, el asambleísta bolivariano retrotrajo la Ley de Protección al Deudor Hipotecario de Vivienda (Gaceta Oficial N° 38.098 del 3 de enero de 2005, y luego reformada en 2007) que nace para impedir los créditos indexados (intereses sobre intereses que cobraban los bancos privados), lo que se logró.
Las herramientas legales tienen como propósito fundamental proteger al que antes llamaban “el débil jurídico”, sentenció y dio lectura al artículo 75 de la Constitucional Nacional, que sigue:
El Estado protegerá a las familias como asociación natural de la sociedad y como el espacio fundamental para el desarrollo integral de las personas. Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes, la solidaridad, el esfuerzo común, la comprensión mutua y el respeto recíproco entre sus integrantes. El Estado garantizará protección a la madre, al padre o a quienes ejerzan la jefatura de la familia(Capítulo V, De los Derechos Sociales y de las Familias; Título III, De los Derechos Humanos y Garantías y los Deberes).
Arrostró a la Cámara Automotriz que la Ley de Control de Precios de Vehículos es necesaria para impedir el proceder que quienes “especulan pero dan empleo”, ironizó. Leyó los artículos 112, 113 y 114 de la Carta Magna (Capítulo VII De los Derechos Económicos; Título III, De los Derechos Humanos y Garantías y los Deberes) de la Carta Magna, que se trascriben:
Artículo 112. Todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las previstas en esta Constitución y las que establezcan las leyes, por razones de desarrollo humano, seguridad, sanidad, protección del ambiente u otras de interés social. El Estado promoverá la iniciativa privada, garantizando la creación y justa distribución de la riqueza, así como la producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la población, la libertad de trabajo, empresa, comercio, industria, sin perjuicio de su facultad para dictar medidas para planificar, racionalizar y regular la economía e impulsar el desarrollo integral del país.
Artículo 113. No se permitirán monopolios. Se declaran contrarios a los principios fundamentales de esta Constitución cualesquier acto, actividad, conducta o acuerdo de los y las particulares que tengan por objeto el establecimiento de un monopolio o que conduzcan, por sus efectos reales e independientemente de la voluntad de aquellos o aquellas, a su existencia, cualquiera que fuere la forma que adoptare en la realidad. También es contrario a dichos principios el abuso de la posición de dominio que un o una particular, un conjunto de ellos o de ellas, o una empresa o conjunto de empresas, adquiera o haya adquirido en un determinado mercado de bienes o de servicios, con independencia de la causa determinante de tal posición de dominio, así como cuando se trate de una demanda concentrada. En todos los casos antes indicados, el Estado adoptará las medidas que fueren necesarias para evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio, del abuso de la posición de dominio y de las demandas concentradas, teniendo como finalidad la protección del público consumidor, de los productores y productoras y el aseguramiento de condiciones efectivas de competencia en la economía.
Cuando se trate de explotación de recursos naturales propiedad de la Nación o de la prestación de servicios de naturaleza pública con exclusividad o sin ella, el Estado podrá otorgar concesiones por tiempo determinado, asegurando siempre la existencia de contraprestaciones o contrapartidas adecuadas al interés público.
Artículo 114. El ilícito económico, la especulación, el acaparamiento, la usura, la cartelización y otros delitos conexos, serán penados severamente de acuerdo con la ley.
“Para qué todo eso”, preguntó en referencia al quehacer que se propone la AN ya explicado arriba. Enseguida lo respondió con la lectura del artículo constitucional 117:
Todas las personas tendrán derecho a disponer de bienes y servicios de calidad, así como a una información adecuada y no engañosa sobre el contenido y características de los productos y servicios que consumen, a la libertad de elección y a un trato equitativo y digno. La ley establecerá los mecanismos necesarios para garantizar esos derechos, las normas de control de calidad y cantidad de bienes y servicios, los procedimientos de defensa del público consumidor, el resarcimiento de los daños ocasionados y las sanciones correspondientes por la violación de estos derechos (negritas de la periodista según énfasis del diputado Vivas).
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| Participaron representantes de distintos organismos del Estado entre ellos, Indepabis, Superintendencia de Costos y Precios Justos, Ministerio Público, CICPC y Defensoría del Pueblo – Foto: AN/Lenin Castillo |
La jornada de este día se inscribe en las políticas públicas inclusivas, sintetizó Vivas. De inmediato vinculó lo precedente con el Plan de la Patria 2013-2019, al que habitualmente recurre para sustentar sus argumentos.
Se fue al tercer objetivo histórico: convertir a Venezuela en un país potencia dentro de la potencia suramericana en formación. Resaltó que el Comandante Supremo Hugo Chávez se fue al detalle para alcanzarlo: habla de fábricas de automotores, de repuestos, de los convenios internacionales para ello.
Participaron en el evento legislativo: el presidente de la Comisión Permanente de Política Interior, diputado Elvis Amoroso (Aragua –PSUV); el vicepresidente de esta instancia, parlamentario José Javier Morales (Trujillo-PSUV); el titular de la Comisión Permanente de Administración y Servicios, legislador Elio Serrano (Miranda-PSUV); el secretario de la AN, Víctor Clark, y el subsecretario, Fidel Vásquez.
Atendieron la invitación: el presidente del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, Eduardo Samán; la superintendenta de Costos y Precios,Karlin Granadillo; Luis Ollarves,Investigación de Vehículos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC); Luis Gómez, Ministerio del Poder popular para el Comercio; Yuri Jaramillo, consultora jurídica Instituto de Transporte Terrestre (ITT).
También representantes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ); de la Defensoría del Pueblo; Defensa Pública; de Registros y Notarías; del Ministerio Público; del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), entre otros entes del sector público.



