Alerta en Ecuador: Gremios convocan a movilización nacional contra jornada laboral de 12 horas
En una respuesta contundente al reciente Acuerdo Ministerial MDT-2026-046, las principales centrales sindicales y movimientos sociales de Ecuador han anunciado una jornada de movilización nacional para el próximo 13 de marzo de 2026. La medida surge tras la emisión de una normativa por parte del Ministerio del Trabajo que abre la puerta a la flexibilización de la jornada laboral, permitiendo esquemas de hasta 12 horas diarias sin el pago correspondiente de horas extras, siempre que se respete el límite de 40 horas semanales.
Dirigentes del Frente Unitario de los Trabajadores (FUT), la CEOSL y la UGTE calificaron la medida como una «regresión de derechos» y una «precarización del empleo» que vulnera conquistas históricas obtenidas hace más de un siglo. Los gremios argumentan que:
Eliminación de Recargos: El acuerdo permite concentrar la carga laboral en menos días sin pagar horas suplementarias o extraordinarias, lo que reduciría los ingresos reales de los trabajadores hasta en un 30%.
Afectación a la Seguridad Social: Al no existir pagos adicionales por horas extra, los aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) disminuirían, debilitando el sistema de pensiones.
Inconstitucionalidad: Diversos observadores laborales ya han presentado demandas ante la Corte Constitucional, alegando que un acuerdo ministerial no tiene jerarquía legal para modificar los límites de la jornada de 8 horas establecidos en el Código del Trabajo y convenios de la OIT.
Por su parte, el Ministro del Trabajo, Harold Burbano, ha sostenido que el instrumento busca «dinamizar» el mercado laboral y generar nuevas oportunidades de empleo, especialmente para jóvenes. El Ejecutivo asegura que estas jornadas especiales deben ser por mutuo consentimiento y no constituyen un aumento de las horas semanales trabajadas, sino una redistribución para permitir más días de descanso consecutivo.
Pese a que el gobierno asegura que el acuerdo aún está en fase de discusión y no ha sido publicado en el Registro Oficial, la tensión social ha escalado. Los movimientos indígenas y estudiantiles han manifestado su respaldo a las centrales obreras, advirtiendo que, de no derogarse el acuerdo 046, la movilización de marzo podría ser el preludio de un paro nacional indefinido en rechazo a la agenda económica del presidente Daniel Noboa.
