Afectados de Terrazas de la Vega exigen reubicación
El director de Servicios Jurídicos de la Defensoría del Pueblo, Larry Devoe, informó este lunes que ante la ausencia de una respuesta por parte de la promotora Parque La Vega para la reubicación de 150 familias de la urbanización Terrazas de La Vega, se evalúa que la junta administradora ad hoc, que ordenó conformar el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), se encargue de cumplir con el traslado de los afectados a unas viviendas seguras.
Añadió, en entrevista telefónica con la Agencia Venezolana de Noticias (AVN), que se estudia la posibilidad de que una vez se instale la junta que tomará el control administrativo de los bienes de la empresa, se pueda cumplir con el mandato de la reubicación.
“Se está evaluando. La junta administradora decidirá, una vez se conforme”, acotó.
Explicó que la Defensoría, como parte accionante de la demanda interpuesta ante el TSJ en defensa de los afectados, impulsa que dicha junta sea constituida a la brevedad. “Esperamos que sea esta semana”, apuntó.
Devoe señaló que evalúan también las consecuencias jurídicas para la empresa Parque La Vega por incumplir con el mandato del máximo juzgado, y ratificó que “creemos que a través de la junta se puede resolver el fondo del caso”.
Reiteró que una vez se instale la junta, se reanudará el pago a los trabajadores que desarrollan las labores de limpieza y mitigación de riesgos en la urbanización, algo que paralizó la constructora tras la sentencia del TSJ que impedía la movilización de sus cuentas.
El 11 de marzo, se cumplió el lapso de cinco días hábiles ordenado por el máximo juzgado para que la empresa presentara un plan de reubicación de 150 familias, que residen en la primera etapa del Conjunto Parque Residencial Terrazas de La Vega, al oeste de Caracas.
La compañía no presentó respuesta alguna sobre el tema, lo que motivó a los afectados a movilizarse el viernes a las afueras de la Promotora, a fin de exigirle que cumpliera con la sentencia.
El 16 de febrero, el TSJ, al admitir una demanda de la Defensoría del Pueblo en nombre de los afectados, ordenó a la promotora Parque La Vega que consignara ante la Sala Constitucional un plan detallado para la reubicación temporal de las 150 familias de los edificios 11 al 15, dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la decisión.
Los cinco edificios de este conjunto residencial sufren de constantes inundaciones y deslizamientos de tierra, debido a que fueron construidos sobre una cuenca hidrográfica, según informes del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente y el Instituto Municipal de Gestión de Riesgo y Administración de Desastres (Imgrad). Por tanto, son espacios considerados inhabitables.
Adicionalmente, el 24 de febrero, el TSJ ordenó conformar una junta administradora ad hoc para las promotoras Parque La Vega, Casarapa y Coindeca, con el objetivo de cumplir con las obligaciones laborales y pago de servicios para el normal desenvolvimiento de las obras en ejecución o a ejecutarse dentro del complejo habitacional Terrazas de la Vega.
Esta junta se hace necesaria por cuanto en su anterior sentencia, el máximo juzgado dictó prohibición de enajenar y gravar sobre todos los bienes de las empresas citadas y el bloqueo de sus cuentas bancarias.
El objetivo era precisamente asegurar los recursos para responder a las necesidades de las familias afectadas, no sólo las 150 perjudicadas directamente, sino las casi 1.800 que conforman el resto del complejo urbanístico.
La junta estará constituida por un representante designado de común acuerdo por las promotoras; integrantes de los ministerios del poder popular para el Trabajo y Seguridad Social, para Vivienda y Hábitat y para el Comercio; de la Procuraduría General de la República; del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis) y de la Contraloría General de la República.


