
El Concejo Municipal Libertador del estado Mérida presentó una propuesta formal para modernizar la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. El proyecto busca adaptar la normativa nacional a la realidad político-territorial vigente e impulsar la participación ciudadana.
El presidente del órgano legislativo local, Diego Romero, destacó la necesidad de eliminar figuras obsoletas del texto legal para reconocer formalmente a las organizaciones comunitarias.
Romero explicó que la ley vigente contempla estructuras inactivas que generan un desfase institucional. El edil señaló el caso de las juntas parroquiales, instancia que cesó sus funciones hace más de 15 años.
En su lugar, la propuesta exige incorporar las figuras de las Comunas y los Consejos Comunales. Ambos actores operan activamente en el territorio como poder constituido.
Sinergia institucional y debate comunal
El planteamiento busca unificar los tres niveles de organización para optimizar la resolución de problemas ciudadanos. La propuesta conecta la gestión comunal, la gestión del poder público municipal y las políticas del gobierno regional bajo una sola dinámica de trabajo.
Uno de los cambios metodológicos más profundos democratiza la discusión de las ordenanzas locales. Romero anunció que el concejo integrará a los parlamentarios comunales y voceros de legislación en los debates edilicios.
La medida evita centralizar las decisiones en los nueve concejales del municipio. De este modo, los actores comunitarios discutirán abiertamente las normas sobre tributos, servicios públicos y aseo urbano junto a las 27 comunas de la jurisdicción.
Iniciativa legislativa ante el Parlamento Nacional
Aunque la reforma de una ley orgánica es competencia exclusiva de la Asamblea Nacional, el Concejo Municipal de Mérida ejerce su derecho de iniciativa.
Actualmente, el cuerpo edilicio redacta el documento de trabajo correspondiente en cumplimiento de su plan de gestión. Finalmente, los concejales entregarán el texto a los diputados del parlamento nacional para que evalúen la actualización de la legislación venezolana.



