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Jorge Rodríguez presenta balance de asistencia a más de 86 mil familias afectadas

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, divulgó este lunes el balance oficial y actualizado sobre las consecuencias del doblete sísmico que afectó al país. De acuerdo con los datos institucionales, la cifra de personas fallecidas asciende a 3.535. Frente a esta dura realidad, el despliegue logístico y operativo del Estado venezolano ha permitido brindar asistencia directa a un total de 86.794 familias en las regiones vulneradas.

En materia de salud, contingencia y salvamento, las autoridades confirmaron que el número de heridos se ubica actualmente en 16.740 ciudadanos. Como contraparte positiva, los cuerpos de seguridad y rescate han logrado poner a salvo a 6.462 personas entre los escombros de las áreas afectadas. El informe médico complementario señala, además, que un total de 25.016 pacientes han recibido cuidados profesionales en los puntos asistenciales. Todo este esfuerzo se ejecuta en un contexto técnico complejo, marcado por el registro continuo de 1.048 réplicas en el territorio nacional.

Impacto en la infraestructura residencial

El reporte expone la magnitud del daño estructural causado por los eventos telúricos. Las evaluaciones de ingeniería civil contabilizan 856 edificios afectados y 190 edificaciones totalmente colapsadas. Esta destrucción ha dejado a un total de 17.854 personas sin vivienda. No obstante, para ofrecer resguardo inmediato, ya se encuentran operativos 82 campamentos transitorios de atención integral.

Para mitigar el impacto, el Estado mantiene un contingente humano de 29.567 efectivos de seguridad, apoyados por 27.930 voluntarios civiles y la cooperación solidaria de 4.338 rescatistas internacionales. Finalmente, la red de logística humanitaria ha distribuido de manera eficiente 9.603 toneladas de alimentos y un volumen global de 8.130.036 litros de agua potable. Las autoridades enfatizaron que los operativos de monitoreo y distribución técnica continuarán desplegados por tiempo indefinido para garantizar la estabilización de las comunidades afectadas.

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