Israel aprueba polémica ley de pena de muerte exclusiva para palestinos
La comunidad internacional observa con alarma un cambio radical en la legislación del Estado de Israel. Este lunes 30 de marzo, el parlamento israelí aprobó un proyecto de ley que legaliza la ejecución de palestinos condenados por delitos de carácter nacionalista. Por esta razón, la normativa establece el ahorcamiento como método de ejecución dentro de los 90 días posteriores a la sentencia. En consecuencia, la Oficina del Alto Comisario de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos exigió la derogación inmediata de esta medida por considerarla discriminatoria y violenta.
Una legislación selectiva y sin derecho a apelación
La nueva ley impone la pena capital específicamente a residentes de la Ribera Occidental que atenten contra ciudadanos israelíes bajo premisas ideológicas. En este sentido, la normativa ha generado indignación porque excluye explícitamente los crímenes nacionalistas cometidos por israelíes judíos contra palestinos. Asimismo, el texto legal permite que los tribunales militares impongan esta sentencia sin necesidad de una decisión unánime entre los jueces. Por lo tanto, las organizaciones de derechos humanos denuncian que se ha creado un sistema de justicia dual basado en el origen étnico de los procesados.
Celebración política y condena de organismos internacionales
Por otro lado, la aprobación de la ley contó con 62 votos a favor y fue celebrada públicamente por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir. No obstante, una coalición de organizaciones civiles condenó el proyecto como un «sello oficial de venganza y racismo». En este sentido, la Sociedad de Prisioneros Palestinos afirmó que esta medida representa una escalada histórica en las ejecuciones con motivación política. Por esta razón, el desafío legal ante organismos internacionales será inmediato para frenar lo que consideran una fase de violencia institucionalizada contra el pueblo palestino.
Contexto militar y exclusiones de la normativa
Finalmente, es importante resaltar que esta ley modifica las normas de los tribunales militares en los territorios ocupados de la Ribera Occidental. Por este motivo, los palestinos quedan sujetos a este rigor mientras los israelíes continúan bajo el amparo de la ley civil. En definitiva, la ley no se aplicará a los eventos del 7 de octubre de 2023, ya que el Gobierno promueve un tribunal especializado para esos casos específicos. Gracias a la denuncia de la ONU, el debate sobre los derechos humanos en la región cobra una urgencia renovada durante este 2026.
Fuente: Radio Miraflores
