Pérez Abad afirma que Reforma de Ley de Hidrocarburos impulsa inversión y tecnología
El diputado a la AN afirmó que la reforma a la ley traerá beneficios para el desarrollo del país
En un análisis profundo sobre el futuro económico del país, el diputado a la Asamblea Nacional Miguel Pérez Abad ratificó que la reciente reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos —publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria n.° 6.978, de fecha 29 de enero de 2026— responde a la necesidad crítica de adecuar el marco jurídico a la realidad financiera y tecnológica global.
El parlamentario enfatizó que la industria petrolera no es la misma de hace dos décadas y que Venezuela debe evolucionar para transformar sus vastas reservas en bienestar tangible. Según Pérez Abad, esta actualización es la “palanca del desarrollo nacional” que permitirá superar el rezago tecnológico y atraer los capitales necesarios para revitalizar el parque industrial.
Puntos clave de la adecuación jurídica de la ley
Monetización de reservas. Se busca capitalizar los 270.000 millones de barriles certificados en la Faja Petrolífera del Orinoco, de los cuales solo se ha explotado el 2,8 % en casi nueve décadas.
Seguridad jurídica y arbitraje. La ley incorpora mecanismos modernos de resolución de controversias, incluyendo el arbitraje internacional, para generar confianza y atraer inversiones estratégicas nacionales y extranjeras.
Nuevas modalidades de participación. Se introducen los Contratos de Participación Productiva (CPP), lo que permite que empresas privadas gestionen, técnica y operativamente, áreas específicas bajo supervisión ministerial.
Flexibilidad fiscal. El Ejecutivo ahora cuenta con facultades para ajustar alícuotas de regalías y otros tributos, lo cual asegura el equilibrio económico de los proyectos.
Proyecciones
Pensando en el futuro, el diputado proyectó que, con este nuevo esquema, Venezuela podría cerrar el 2026 produciendo al menos un millón 500.000 barriles diarios, con la meta a largo plazo de alcanzar los 5 o 6 millones.
Además, Miguel Pérez Abad estimó que el sector requiere una inversión de entre 80.000 y 100.000 millones de dólares en la próxima década, lo que tendría un efecto dinamizador inmediato al generar cerca de 800.000 nuevos empleos (directos e indirectos).
Con esta reforma, la Asamblea Nacional busca no solo recuperar la renta petrolera, sino reinvertirla en sectores clave como salud, educación y servicios públicos, consolidando un modelo productivo eficiente y moderno para este 2026.
