Familiares de migrantes venezolanos secuestrados en El Salvador exigen protección de la OIM

Los familiares de los migrantes venezolanos que permanecen secuestrados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador han acudido a la sede de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Ginebra, Suiza, para solicitar un pronunciamiento oficial ante las graves violaciones de derechos humanos que enfrentan sus seres queridos. Los migrantes están retenidos sin derecho al debido proceso, lo que ha generado una creciente preocupación entre sus familiares y defensores.

Jetsy Arteaga, representante del Comité de Defensa de los migrantes venezolanos, expresó que “el principal objetivo es que se pronuncie esta instancia internacional, ya que han transcurrido 97 días y no hemos tenido respuestas”. Arteaga subrayó que el silencio prolongado solo permitirá que continúen las vulneraciones de derechos fundamentales, no solo en Venezuela, sino a nivel global. Aunque no fueron recibidos directamente por la directiva de la OIM, el grupo entregó formalmente su documento en la sede, esperando respuestas concretas para restaurar el camino hacia la legalidad en favor de los migrantes secuestrados.

Yuemily Velazco, abogada del Despacho Jurídico Angostura, enfatizó que la OIM tiene la responsabilidad de proteger los derechos de los migrantes a nivel mundial. Por ello, esperan que el organismo condene públicamente la detención injusta de los 252 migrantes venezolanos en El Salvador y exija su liberación inmediata.

Es importante mencionar que el pasado 17 de junio, los familiares denunciaron ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) las violaciones sufridas por los ciudadanos venezolanos en el Cecot. Los migrantes fueron enviados arbitrariamente por el Gobierno de Estados Unidos a este centro sin comprobarse delito alguno. Durante esa denuncia, contaron con el respaldo del embajador Alexander Yánez, representante permanente de Venezuela ante la ONU, quien reiteró que más del 90% de los detenidos carecen de antecedentes penales. La situación sigue siendo crítica y exige atención urgente por parte de organismos internacionales.