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Aprobada en segunda discusión Ley para el Desarme en Parlamento de Venezuela

Quedó aprobada en segunda discusión la Ley para el Control de Armas, Municiones y Desarme, en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, de este martes 4 de junio.

El debate de la normativa comenzó a partir del artículo 61,  que forma parte del Título III, De la Fabricación, Importación, Exportación y Comercialización de las Municiones, Capítulo I, Disposiciones Generales. El texto es el siguiente:

Quedó aprobada en segunda discusión la Ley para el Control de Armas, Municiones y Desarme, en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, de este martes 4 de junio.

El debate de la normativa comenzó a partir del artículo 61,  que forma parte del Título III, De la Fabricación, Importación, Exportación y Comercialización de las Municiones, Capítulo I, Disposiciones Generales. El texto es el siguiente:

Artículo 61. Queda prohibido reintroducir carga propulsora, fulminante o proyectil en la cápsula de un cartucho que previamente ha sido utilizado, así como realizar modificaciones que alteren sustancialmente las características originales de la munición.

A partir de allí avanzó la discusión de los títulos, capítulos y articulado de manera sucesiva, consensuada por los y las asambleístas del bloque bolivariano y la bancada opositora. Una parte sufrió modificaciones, mientras otra se avaló tal como se presentó a la plenaria de esta fecha la normativa.

En el caso del artículo 71,Capítulo III Comercialización de las Municiones, del mencionado título,  el parágrafo único pasó a ser un artículo. Se copia a continuación:

Municiones para uso deportivo

Artículo 71. Las personas autorizadas para portar armas de fuego con fines deportivos, podrán adquirir un máximo de trescientas (300) municiones mensuales por cada arma autorizada, las cuales deberán corresponder al calibre y tipo de la misma y serán utilizadas exclusivamente para entrenamiento, en los sitios autorizados para ello.

Dichas municiones serán adquiridas en los puntos de distribución de la empresa fabricante de armas de fuego y municiones del Estado venezolano, ubicados en los polígonos, canchas o galerías de tiro en el territorio nacional.

Parágrafo Único(ahora otro artículo): En caso de competencias nacionales e internacionales, la cantidad de municiones variará de acuerdo al nivel del evento, la solicitud de las mismas debe estar avalada por el órgano del Estado rector en materia deportiva y se realizará a través del órgano competente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para el control de armas, previa exposición de motivos.

Artículos 84, 85, 86 Título IV De la Prevención y el Desarme, Capítulo III Desarme Voluntario

Vale reproducirlo en función de que está plenamente en sintonía con el reiterativo llamado del presidente constitucional de la República, Nicolás Maduro, a sumarse al Movimiento por la Paz y la Vida con la entrega voluntaria de armas por parte de personas y grupos en actividades delictuales.  Proceso éste que da continuidad y refuerza a la Gran Misión a Toda Vida Venezuela legada por el Comandante Supremo Hugo Chávez.

Artículo 84. El Estado venezolano, a través de los órganos competentes conjuntamente con el Poder Popular Organizado, propondrá, desarrollará y ejecutará las políticas públicas necesarias para lograr la entrega voluntaria y anónima de armas y municiones que estén en posesión de personas naturales y jurídicas que se encuentren en el territorio nacional.

Las negritas corresponden a la propuesta del diputado por el estado Miranda Juan Carlos Caldera, de la bancada de oposición, que fue acogida de forma unánime.

También a propuesta de Caldera se incluyó en el artículo 85, Centros de Recolección de Armas y Municiones, igual título y capítulo citados, la participación de consejos comunales y comunas. Originalmente estaba de esta manera:

Artículo 85.A los fines de implementar las políticas públicas de entrega voluntaria de armas de fuego y municiones, se podrá autorizar la creación o ubicación de centros de recolección en lugares o espacios determinados, debiendo disponer para ello de las medidas de seguridad necesarias para el resguardo de las armas de fuego y las municiones entregadas y garantizando el anonimato de la persona que realice la entrega.

También en ese título y capítulo, así como en el contexto de las consideraciones iniciales está el artículo 88 Amnistía, reza:

Artículo 88. El Estado, a través de los órganos competentes, podrá declarar la amnistía para aquellas personas que hagan entregas voluntarias y anónimas de armas de fuego durante el tiempo que dure la misma y en los términos y condiciones establecidos en la ley respectiva.

Las negritas y el agregado de que queda expresamente prohibida la reseña policial de quienes así procedan fue propuesto por el titular de la Comisión Permanente de Política Interior de la AN, diputado por el estado Aragua Elvis Amoroso, del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

El parlamentario por el estado Táchira Leomagno Flores, del partido opositor Acción Democrática (AD), observó que la amnistía es prerrogativa del Parlamento, de modo que consideró dos  opciones: una, se precisaría dictar amnistía cada vez que se entreguen armas de modo voluntario o dos, tras aprobar esta normativa se trabajará en la ley de amnistía.

Respondió el presidente de la Comisión de Defensa y Seguridad, parlamentario por el estado Nueva Esparta William Fariñas, del PSUV, alegando que el espíritu del legislador es garantizarle amnistía a quienes entreguen voluntariamente las armas, lo que apoyó el asambleísta opositor por el estado Miranda Ricardo Sánchez (suplente de la diputada de derecha María Corina Machado). Sometido a consideración del pleno, se aprobó con las observaciones de Amoroso.

Más sobre el debate de la normativa hasta la Disposición Final Única

El Capítulo IV, del Título IV en referencia, está el artículo 92 que se trascribe:

Artículo 92. Las armas de guerra que se introduzcan, fabriquen o que estén en el territorio de la República, son propiedad de la nación y serán confiscadas o recuperadas, cuando así lo determine la Fuerza Armada Nacional Bolivariana quedando éstas a su disposición.

Luego, está el artículo 123,  Título V De las Sanciones, Capítulo II Sanciones Penales, Introducción de Arma de Fuego o Municiones en Centros Penitenciarios, que establece:

Artículo 123. Quien introduzca o facilite la introducción de armas de fuego, partes, componentes, accesorios o municiones en recintos penitenciarios, retenes policiales y otros centros de retención, será sancionado con pena de prisión de ocho (08) a diez (10) años. La pena aplicable se duplicará, cuando el hecho sea cometido en instituciones de internamiento y entidades de atención para adolecentes en conflicto con la ley penal.

Aumento en un cuarto la pena y la sanción si son funcionarios públicos propuso el legislador de oposición por el estado Lara Eduardo Gómez Sigala, que cristalizó.

Para cerrar la segunda discusión de la Ley para el Desarme, el diputado Fariñas dio lectura a los artículos 25, 38 y 58 que estaban diferidos y quedó aprobado el nuevo texto. A propuesta de Caldera se levantó la sanción al artículo 4 y se aprobó la modificación que propuso.  

Quedó suprimido el artículo 96, se avalaron las dos disposiciones derogatorias, las ocho disposiciones transitorias y la final única. Algunas con modificaciones.

Además de los asambleístas de oposición nombrados también tomaron la palabra los diputados por el estado Aragua Richard Mardo, del opositor partido Primero Justicia (PJ) y por el estado Barinas Julio César Reyes, del partido Gente Emergente.

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