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Apoyan orden emitida por el TSJ de suspender desalojos

Ana Marina Rodríguez Montero, vocera de la Red Metropolitana de Inquilinos sostuvo que el oficio del TSJ se convierte en una herramienta que hace justicia a numerosas familias que han sido desalojadas arbitrariamente del inmueble que habitan.

La Red Metropolitana de Inquilinos apoya de manera irrestricta la orden emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, a todos los juzgados de ejecución para que suspendan temporalmente cualquier medida cuya práctica comporte la pérdida de posesión o tenencia de un inmueble destinado a vivienda.

La decisión del TSJ es temporal, a la espera del decreto ley del presidente de la República, Hugo Chávez Frías, que detendrá definitivamente los desalojos arbitrarios de inquilinos.

Estas acciones del máximo juzgado obedecen a la declaratoria de emergencia nacional mediante decreto presidencial, en virtud de los daños ocasionados por las lluvias en las últimas semanas de 2010.

Ana Marina Rodríguez Montero, vocera de la Red Metropolitana de Inquilinos, sostuvo este martes en el programa De Frente, de Venezolana de Televisión, que el oficio del TSJ se convierte en una herramienta que hace justicia a numerosas familias que han sido desalojadas arbitrariamente del inmueble que habitan.

“Estos desalojos obedecen al capricho de un propietario que pretende continuar con un círculo vicioso que inicia con el alquiler del inmueble y luego, cuando quiere evadir el decreto de congelación de alquileres, que está vigente desde 2002, entonces desaloja al inquilino para nuevamente alquilar a un precio superior, y así sucesivamente”, señaló.

Por lo menos 700.000 familias que residen en condición de inquilinato en Venezuela se benefician con la orden emitida por el TSJ, informó este martes Andrés Antillano, integrante del Movimiento de Pobladores, quien junto a otros miembros de esta organización en Caracas manifestó igualmente su apoyo a la resolución del máximo juzgado.

Ana Rodríguez Montero refirió que de acuerdo con las cifras oficiales del censo efectuado en 2001, hay en el país 639.900 familias, aproximadamente, en condición de arrendamiento.

Señaló que esa cifra representaba 2,75% de la población actual.

“Nosotros hicimos la proyección hasta el 12 de noviembre del año pasado y con un aproximado de 28 millones de habitantes calculamos ese 2,75% y nos dio un total de 797.883 familias en condición de arrendamiento en todo el país", apuntó.

Rodríguez Montero explicó que las solicitudes planteadas por los diferentes colectivos de inquilinos en el ámbito nacional están dirigidas a la lucha contra el latifundio urbano, contra los capitalistas de las ciudades y explotadores, los mismos que han construido desarrollos habitacionales y han estafado a diversas familias.

Dejó claro que jamás han planteado el hecho de que la solución al problema del arrendamiento sea ir contra los pequeños propietarios.

Hizo esta aclaratoria al manifestar que escuchó con preocupación declaraciones del presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, Roberto Orta, quien fue entrevistado en el canal Globovisión, este martes, ocasión en que señalaba que en el país supuestamente se iba a acabar el mercado del alquiler.

“Desde hace 50 años, en el país no se construyen inmuebles para el alquiler y las construcciones que se destinaron para tal fin datan de los años 40 y 50, dadas en arrendamiento hasta ahora”, apuntó Rodríguez Montero.

El abogado constitucionalista Gustavo Sosa Izaguirre declaró este lunes que la presidenta del TSJ, Luisa Estella Morales, supuestamente no tiene la potestad para suspender temporalmente los desalojos en la nación e indicó que la decisión del máximo tribunal es "arbitraria".

La también abogada Ana Marina Rodríguez Montero recalcó que la decisión del tribunal está apegada a derecho y efectivamente constituye un acto de justicia.

Refirió la red metropolitana surgió desde hace más de cinco años con la intención de proteger al inquilino.
“No obstante, nosotros no estamos ajenos a situaciones que son bien específicas, como el caso de alguna persona inescrupulosa que esté alquilando y no pague sus cuotas a tiempo o tenga el inmueble en mal estado”, dijo.

En estos casos, Rodríguez Montero indicó que siempre le recomiendan a los inquilinos que no se atrasen en sus cuotas mensuales, porque eso implica la posibilidad del inicio de una demanda por parte del propietario por incumplimiento de contrato u otra razón que los dueños consideren válida para iniciar un juicio y buscar un desalojo.

La entrevistada fue consultada acerca de ciertas cláusulas que a veces incluyen los arrendadores en los contratos que prevén aumentos progresivos del alquiler.

“Los arrendadores, a veces, forman oligopolios que están dirigidos a la explotación del inquilino, en una especie de modelo de esclavitud, pero de manera moderna”, advirtió.

El Estado tomó la decisión en 2002 de emitir la medida de congelación de alquileres, lo cual se ha venido prorrogando cada seis meses, para evitar que esa explotación de la que son víctimas los inquilinos continúe, refirió.

De manera que Rodríguez Montero aseveró que dichos aumentos de alquileres son ilegales, además de irracionales.
Sobre los depósitos que le piden por adelantado a quien desee alquilar, la ley de arrendamiento vigente establece como máximo cuatro meses de arrendamiento por dicho concepto.

Mencionó que una de las propuestas para la nueva ley de arrendamiento es regular los alquileres de acuerdo con la zona donde se ubique el inmueble.

"Esta ley saldrá del pueblo, por iniciativa popular, desde sus propias comunidades", dijo.

Rodríguez Montero abordó el tema de los edificios de Caracas que tienen medida de ocupación temporal para garantizar viviendas a los afectados por las lluvias de finales de 2010, como es el caso del edificio Cedíaz, ubicado en la avenida Casanova de Caracas, que está comprando el Gobierno del Distrito Capital para convertirlo en un desarrollo habitacional.

“Para nosotros la vivienda, aparte de ser un derecho constitucional, es un derecho humano fundamental, y el Estado está en el deber de garantizar a todos los ciudadanos este derecho, por lo tanto no es posible que las familias que perdieron sus viviendas por las lluvias sean dejadas en la calle”, expresó.

Rodríguez Montero fue enfática al recalcar que el Gobierno Bolivariano ha asumido la tarea, el compromiso y la responsabilidad de otorgar a cada una de esas familias un refugio temporal, mientras las ubican en una vivienda definitiva.

La Red Metropolitana de Inquilinos se reúne en asamblea todos los lunes, en el piso 3 de la Universidad Bolivariana de Venezuela, en Los Chaguaramos, a partir de las 5:00 de la tarde.

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