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AN sanciona reforma de ley de consejos comunales

La normativa regulará la constitución, conformación, organización y funcionamiento de los consejos comunales como una instancia de participación para el ejercicio directo de la soberanía popular y su relación con el poder público

Tras un amplísimo debate en el parlamento social de calle, la plenaria del parlamento nacional sancionó este martes la reforma de la ley orgánica de los consejos comunales, y ordenó su remisión al ejecutivo nacional a los fines de su promulgación y publicación en gaceta oficial.

Al respecto el diputado Darío Vivas, presidente de la comisión de participación ciudadana, señaló que la ley ha sido consultada en todos los rincones de Venezuela. Detalló que fueron sistematizados 2 mil instrumentos de consulta aplicados en todo el territorio nacional, con un aproximado de 61 mil 850 voceros y voceras de los 30 mil consejos comuanales consultados, donde el nivel de aceptación de la nueva ley fue de 95% a lo propuesto en primera discusión.

La normativa -explicó el diputado- tiene por objeto regular la constitución, conformación, organización y funcionamiento de los consejos comunales como una instancia de participación para el ejercicio directo de la soberanía popular y su relación con los órganos y entes del poder público para la formulación, ejecución, control y evaluación de las políticas públicas, así como los planes y proyectos vinculados al desarrollo comunitario.
[b:9c85ccc9f9] Ley en detalle…[/b:9c85ccc9f9]

La organización financiera será admisitrada por la unidad administrativa y financiera comunitaria que será el ente de administración, ejecución, inversión, crédito, ahorro e intermediación financiera de los recursos y fondos de los consejos comunales, de acuerdo con las decisiones y aprobaciones de la asamblea de ciudadanos y ciudadanas, privilegiando el interés social sobre la acumulación de capital. Estará integrada por cinco (5) habitantes de la comunidad, electos o electas a través de un proceso de elección popular.

Esta unidad podrá –entre otras cosas– realizar la intermediación financiera comunitaria, privilegiando el interés social sobre la acumulación de capital. Apoyar las políticas de fomento, desarrollo y fortalecimiento de la economía social, popular y alternativa, proponer formas alternativas de intercambio de bienes y servicios para lograr la satisfacción de las necesidades y fortalecimiento de la economía local.

De las nueve disposiciones transitorias, las más relevantes indican que el ministerio del poder popular con competencia en materia de participación ciudadana deberá incorporar en su reglamento orgánico las disposiciones relativas al servicio desconcentrado del fondo nacional de los consejos comunales, en un lapso no mayor de sesenta (60) días posteriores a la aprobación de la estructura orgánica del referido ministerio por parte del órgano con competencia en la materia.

Los consejos comunales constituidos bajo el régimen legal anterior, serán objeto de un proceso de adecuación de sus estatutos a las disposiciones establecidas en la presente ley, a los fines de su registro por ante el ministerio del poder popular con competencia en materia de participación ciudadana, en un lapso no mayor de ciento ochenta (180) días contados a partir de su publicación.

Con la sustitución del banco comunal a la unidad administrativa y financiera, quedarán disueltas las asociaciones cooperativas banco comunal, en su carácter de unidad de gestión financiera de los consejos comunales, por consiguiente, deberán transferir al consejo comunal, en un lapso no mayor a treinta (30) días, los recursos financieros y no financieros, los provenientes de la intermediación financiera con los fondos generados, asignados o captados, bienes, obligaciones, deudas, compromisos, planes, programas, proyectos y cualquier otro adquirido en el ejercicio de sus funciones.

En el artículo 19 se establece la integración de los consejos comunales, en: a) la asamblea de ciudadanos (as) , b) el colectivo de coordinación comunitaria, c) la unidad ejecutiva, d) la unidad administrativa y financiera comunitaria y, e) la unidad de contraloría social.

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