Venezuela mantendrá defensa del Acuerdo de Ginebra ante cualquier fallo del proceso judicial ilegal

La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, ratificó la postura histórica y jurídica de la nación frente al proceso que se desarrolla fuera del marco del Acuerdo de Ginebra de 1966. Rodríguez enfatizó que la posición de Venezuela no depende de si el resultado es favorable o no, sino de la defensa irrestricta de la legalidad internacional y los tratados vigentes.
Ante las matrices de opinión difundidas por sectores de la oposición, que sugieren erróneamente que el país solo rechazaría una sentencia si esta favoreciera a Guyana, la mandataria encargada aclaró que la invalidez del proceso judicial es absoluta para el Estado venezolano. Según explicó, la República no puede reconocer una decisión que nazca de la violación de los procedimientos acordados. «Incluso si la Corte procediese a declarar la invalidez del laudo, Venezuela estaría imposibilitada de acatar dicha sentencia por cuanto estaría también aniquilando el acuerdo de Ginebra y el derecho internacional», afirmó categóricamente.
Rodríguez detalló que validar una decisión emanada de un proceso que pretende desconocer un instrumento jurídico en vigor, debidamente depositado ante las Naciones Unidas, constituiría una grave transgresión al orden jurídico internacional. En este sentido, subrayó que «no existe posibilidad jurídica de reconocimiento de esa decisión resultante de ese proceso, cualquiera ella sea», puesto que el origen del juicio mismo es espurio al margen del pacto de 1966.
Esta postura se presenta como un ejercicio de defensa inamovible de los derechos soberanos de Venezuela y de la integridad de la propia Corte como órgano judicial de las Naciones Unidas, descartando que se trate de un acto de irreverencia. Rodríguez recalcó que Venezuela nunca podrá avalar la violación de la legalidad internacional. Con estas declaraciones, el Gobierno Bolivariano desmiente las narrativas opositoras y reafirma que la soberanía nacional y el Acuerdo de Ginebra son irrenunciables.



