Petro desestima explicaciones de Noboa sobre ataques y escala la tensión con Ecuador

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció este martes el hallazgo de 27 cadáveres calcinados tras incursiones aéreas de Ecuador en la frontera. Petro rechazó la versión de Daniel Noboa, quien previamente había descartado cualquier operación militar en suelo colombiano.

A través de su cuenta oficial en la red social X, el presidente Gustavo Petro subrayó la gravedad del hallazgo de víctimas en la zona rural de Jardines de Sucumbíos. El mandatario colombiano denunció que los ataques aéreos han impactado en las proximidades de asentamientos civiles que, de manera voluntaria, iniciaron un proceso de transición hacia la legalidad. Petro enfatizó que los bombardeos afectan directamente a familias que han optado por la paz, sustituyendo cultivos de hoja de coca por alternativas lícitas.

Cuestionamientos a la autoría de los ataques

El jefe de Estado calificó como «no creíble» la versión oficial de las autoridades ecuatorianas tras confirmarse la existencia de 27 cuerpos calcinados. Al respecto, el mandatario descartó que el armamento provenga de grupos irregulares —debido a su nula capacidad aérea— o de las fuerzas de seguridad colombianas, aclarando que, en su calidad de comandante en jefe, no ha autorizado tales operaciones. Esta acusación refuerza la denuncia presentada el lunes 16 de marzo, cuando Petro difundió imágenes de un proyectil de gran envergadura presuntamente lanzado desde una aeronave.

Demanda de intervención internacional

Diversas organizaciones de derechos humanos en la región han instado a una inspección urgente por parte de organismos internacionales en la zona del hallazgo. Los defensores denuncian que el estado calcinado de las víctimas, además de obstaculizar las labores de identificación forense, respalda la hipótesis del empleo de explosivos de alto poder en áreas civiles. Esta situación ha generado una alarma global sobre el uso de armamento pesado en territorios habitados por comunidades campesinas.

El incidente agudiza la fractura entre el enfoque de «Paz Total» impulsado por la administración de Gustavo Petro y la política de «Conflicto Armado Interno» establecida por Daniel Noboa en Ecuador. Mientras Colombia prioriza la transición a la legalidad, la estrategia ecuatoriana enfrenta crecientes críticas de diversos sectores, que advierten sobre presuntos excesos de la fuerza pública bajo el amparo de los decretos de seguridad vigentes en el país vecino.

Peritaje militar sobre artefacto explosivo en zona limítrofe

Diversos medios de comunicación regionales han publicado imágenes de un proyectil metálico de dimensiones considerables, localizado entre la vegetación de la zona fronteriza. Ante el hallazgo de esta prueba material, el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, ratificó el envío de una unidad de expertos militares para realizar la inspección técnica del artefacto.

El jefe de la cartera de Defensa precisó que la misión técnica tiene como prioridad confirmar o descartar si el proyectil corresponde a una bomba de uso exclusivo de aviación militar. Sánchez Suárez subrayó que el procedimiento busca establecer la trazabilidad y el origen del dispositivo antes de ejecutar su detonación controlada, asegurando así la transparencia en el esclarecimiento de los hechos.

Respuesta de Quito y justificación de operaciones militares

Desde la capital ecuatoriana, el presidente Daniel Noboa desestimó los señalamientos de su homólogo colombiano, calificándolos de «falsos». El mandatario sostuvo que las acciones militares contra el crimen organizado y la minería ilícita se ejecutan exclusivamente en territorio ecuatoriano; no obstante, reconoció el empleo de bombardeos como una táctica integrada en una estrategia que cuenta con la «cooperación internacional» de los Estados Unidos.

Noboa exhortó al Gobierno de Colombia a intensificar la vigilancia sobre su propia jurisdicción para mitigar la producción de estupefacientes. El líder ecuatoriano fundamentó su postura argumentando que las organizaciones criminales que desestabilizan a Ecuador tienen su centro de operaciones en suelo colombiano, trasladando así la responsabilidad del auge delictivo a la falta de control fronterizo por parte de Bogotá.

Deterioro de las relaciones bilaterales y crisis comercial

Este incidente se produce en el momento más crítico de las relaciones binacionales en los últimos años. Desde enero, ambos países sostienen una guerra comercial activa, desencadenada por la decisión de Ecuador de imponer tasas de seguridad de hasta el 50% a las importaciones colombianas. En represalia, el gobierno de Bogotá respondió con la aplicación de aranceles y la suspensión del suministro de energía eléctrica hacia el vecino país, profundizando el quiebre económico.

A pesar de la creciente hostilidad, la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, manifestó la intención de su gobierno de reactivar los canales de comunicación mediante el arbitraje de la Comunidad Andina (CAN). Sin embargo, la diplomacia de Quito mantiene una postura firme de exigencia hacia Colombia, instando a la administración de Petro a fortalecer sus mecanismos de control territorial y a intensificar la lucha contra el narcotráfico en la frontera.