Organización No Cold War denuncia campaña de agresión de Donald Trump contra Venezuela

La organización internacional No Cold War denunció este domingo que la administración de Donald Trump ejecuta actos de piratería y agresión contra Venezuela mediante el despliegue de su fuerza naval en aguas del Caribe. Según la organización, estas maniobras representan una ofensiva directa contra la integridad territorial del país suramericano.

La declaración señala que el objetivo central de Washington es derrocar al Gobierno bolivariano para recuperar el control de sus vastos recursos energéticos. El colectivo vincula esta hostilidad con la aprobación de la Ley de Hidrocarburos de 2001, legislación que incrementó la carga impositiva a las transnacionales y consolidó la soberanía estatal sobre la industria petrolera.

Asimismo, el documento enfatiza que las operaciones militares contra embarcaciones venezolanas no guardan relación con la defensa de la democracia o los derechos humanos. Por el contrario, la organización sostiene que el asedio responde exclusivamente a los intereses de corporaciones petroleras estadounidenses que buscan monopolizar los recursos estratégicos del Norte.

Embargo ilegal y vulneración del derecho internacional Al manifestar su rechazo al embargo económico, No Cold War advirtió que cualquier agresión militar constituye una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas. El colectivo equiparó estas acciones con crímenes de guerra, estableciendo un paralelismo directo con la invasión a Irak en 2003 por el impacto devastador sobre la legalidad internacional.

De igual forma, el grupo alertó sobre las implicaciones de la Estrategia de Seguridad Nacional de EE. UU. para 2025. Según la denuncia, el plan de la Casa Blanca pretende restaurar su hegemonía regional mediante la reactivación de la Doctrina Monroe, utilizando el poderío bélico como herramienta de presión política y económica.

Resistencia y ejercicio de soberanía

Por su parte, el Gobierno venezolano ha documentado diversos incidentes de incautación de buques privados cargados de crudo, denunciando además la desaparición forzada de sus tripulaciones en aguas internacionales. Estos hechos son calificados por Caracas como actos de delincuencia organizada transnacional.

Ante este escenario, la República Bolivariana de Venezuela reafirmó que estas acciones criminales serán llevadas ante el Consejo de Seguridad de la ONU y otras instancias multilaterales. En paralelo a la batalla legal, el Estado ratificó su determinación de avanzar hacia el crecimiento económico independiente, apalancado en sus 14 motores productivos y una gestión soberana de sus hidrocarburos.