Un juez de Bogotá admite demanda contra el Gobierno por el retiro de obras en el Museo Nacional
La medida cautelar prohíbe la destrucción o traslado de las piezas sobre diversidad y procesos de paz desmontadas por el Ejecutivo.
Un juez de Bogotá admitió este lunes una demanda interpuesta contra la decisión del gobierno del presidente De la Espriella de retirar decenas de piezas del Museo Nacional. Por lo tanto, la autoridad judicial dictó medidas cautelares inmediatas para proteger las obras sobre diversidad sexual, feminismo y procesos de paz que fueron descolgadas de las salas. Asimismo, la resolución prohíbe de forma tajante la destrucción, traslado fuera de las instalaciones, alteración o baja del inventario del patrimonio. En consecuencia, el fallo frena las acciones del Ministerio de Cultura sobre la colección.
La controversia surgió luego de que el Ejecutivo justificara el desmontaje argumentando que la institución no debe funcionar como un instrumento de adoctrinamiento político. De este modo, sectores de oposición vinculados al partido del expresidente Gustavo Petro y colectivos culturales llevaron el caso a los tribunales denunciando censura explícita. Por su parte, el congresista Gabriel Becerra ratificó el compromiso legal de mantener la exigencia hasta lograr la restitución de las piezas a la exhibición pública. Por ende, la justicia exigió un informe técnico detallado sobre cada bien afectado.
Tensiones políticas y jornadas de protesta en la capital
Por otro lado, la determinación oficial desató masivas jornadas de manifestación frente a la sede museística en la capital colombiana. Por consiguiente, estudiantes, profesores y activistas LGBT se concentraron en las adyacencias del recinto para desarrollar actos culturales y charlas sobre memoria histórica. De igual forma, los reclamos ciudadanos han derivado en duros enfrentamientos con la fuerza pública, la cual empleó gases lacrimógenos y chorros de agua para dispersar a la multitud. Por esta razón, el clima de tensión social se mantiene elevado en los alrededores del edificio.
En conclusión, el presidente De la Espriella afirmó que el Estado asume el deber de impedir la captación de espacios culturales por corrientes contrarias a sus valores. Por ello, la decisión definitiva del tribunal definirá los límites de la intervención gubernamental en la gestión del patrimonio artístico nacional.
