Asamblea Nacional profundiza debate legislativo para optimizar políticas de vivienda y alquileres en el país
CARACAS (18/05/26).– Con el firme propósito de perfeccionar las políticas públicas orientadas a la adquisición, rehabilitación y arrendamiento de inmuebles, la Asamblea Nacional (AN) extendió el debate legislativo para consolidar un sistema inmobiliario justo y accesible. Así lo informó el diputado Rigel Sergent, presidente de la Subcomisión de Vivienda y Hábitat del Parlamento, durante su participación en el programa La Jornada, transmitido por Venezolana de Televisión (VTV) en este año dos mil veintiséis.
Sergent enfatizó la necesidad de revisar los procesos del pasado para blindar los derechos habitacionales del pueblo en el presente. Apoyado en una investigación de archivos de prensa de las décadas de 1980 y 1990, el parlamentario contrastó la realidad actual con las problemáticas estructurales de la Cuarta República, marcadas por el déficit habitacional y las presiones de los gremios inmobiliarios contra la regulación de precios. “Es importante saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos”, señaló el legislador.
El debate parlamentario busca erradicar la usura y garantizar un sistema inmobiliario justo.
Protección social frente al fantasma de los desalojos
El diputado recordó que en el año 1993 los tribunales venezolanos procesaban más de 130 mil casos de desalojo forzoso, obligando a los ciudadanos a protestar en las calles ante los aumentos desmedidos de los arriendos. En este sentido, destacó que las acciones actuales de la AN buscan contrarrestar el fantasma de la usura inmobiliaria, tomando como referencia hitos de protección social como el decreto de congelación de alquileres firmado por el Comandante Hugo Chávez en el año 2003.
Finalmente, Sergent ratificó que el Parlamento trabaja activamente para adecuar las leyes a las necesidades reales de la población, promoviendo el equilibrio entre propietarios e inquilinos bajo principios de justicia social. Con el fortalecimiento de este marco jurídico, el Gobierno Bolivariano y el Poder Legislativo aseguran la continuidad de las políticas habitacionales soberanas, impidiendo el retorno de prácticas especulativas y garantizando el derecho constitucional a una vivienda digna para todas las familias venezolanas.
