Asamblea Nacional desmiente contratación de asesor económico extranjero y denuncia campaña mediática

El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez, desmintió categóricamente las informaciones divulgadas por diversos medios de comunicación sobre la supuesta contratación del economista estadounidense Steve Hanke como asesor del Parlamento. Durante la sesión extraordinaria celebrada este viernes, el máximo representante del Poder Legislativo calificó la noticia como falsa, absurda e infundada, señalando que busca desinformar a la opinión pública sobre la gestión parlamentaria.

Rodríguez enfatizó que la conducción macroeconómica de la nación y las políticas cambiarias son atribuciones exclusivas del Ejecutivo Nacional y del Banco Central de Venezuela. El parlamentario precisó que el Poder Legislativo no posee competencias constitucionales para la designación de asesores en materia monetaria, desestimando de manera contundente las publicaciones de las plataformas informativas por carecer de rigor periodístico y no verificar la veracidad de los hechos imputados a la institución estatal.

Asimismo, el titular de la junta directiva aclaró que las decisiones económicas de la República se mantienen orientadas por las instituciones nacionales competentes bajo criterios estricto de soberanía. Las autoridades legislativas llamaron a la responsabilidad en el ejercicio de la comunicación social, instando a los medios masivos a no replicar contenidos engañosos orientados a generar confusión dentro de la población y a verificar las fuentes oficiales del Estado venezolano antes de su difusión.

Finalmente, el Parlamento venezolano ratificó que continuará desarrollando su agenda legislativa ordinaria y extraordinaria con absoluta normalidad operativa. Con esta declaración oficial, el Poder Legislativo desmonta los señalamientos infundados de los portales informativos, reafirmando su compromiso con la transparencia institucional, la estabilidad de las instituciones republicanas y el apego estricto al ordenamiento constitucional que rige las dinámicas socioeconómicas del país.