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Asamblea Nacional aprobó en primera discusión la reforma de la Ley del TSJ

La iniciativa busca reestructurar el Comité de Postulaciones Judiciales, mientras la directiva parlamentaria ratificó los avances del diálogo y la agenda de transformaciones institucionales.

El primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante, presentó la propuesta ante el hemiciclo con el propósito central de reestructurar el Comité de Postulaciones Judiciales y reactivar el proceso de renovación de magistrados. El parlamentario sustentó la iniciativa en los artículos 264 y 270 de la Constitución, los cuales norman los procedimientos de selección y la conformación del órgano evaluador de las candidaturas judiciales.

La modificación central plantea ampliar el comité a 23 integrantes. Se mantendrán 11 parlamentarios y se incrementarán a 12 los representantes de la sociedad civil, ajustando el esquema actual de 21 miembros.

Acuerdos del diálogo nacional y marco legal

Infante contextualizó que la reactivación del proceso de selección —interrumpido tras la ampliación de magistrados iniciada en abril— responde a los acontecimientos políticos del 24 de junio y la posterior instalación de mesas de negociación. El diputado precisó que la reforma responde al acuerdo firmado el 12 de agosto entre el Gobierno Nacional y la oposición para transformar el sistema de justicia mediante la modificación del artículo 65 de la ley.

Asimismo, Infante enmarcó la medida dentro de la reestructuración judicial promovida este año, destacando el balance de la Ley de Amnistía con más de 15.000 solicitudes tramitadas y miles de medidas de libertad otorgadas. Finalmente, instó a la plenaria a asumir la responsabilidad institucional de garantizar un proceso transparente y amplio en la designación de las nuevas autoridades del máximo tribunal.

Diálogo sin intermediación internacional y soberanía legislativa

Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, expuso ante la plenaria los detalles de las mesas de negociación que el Ejecutivo sostiene con diversos sectores de la oposición. Rodríguez enfatizó que el talante del Gobierno nacional ha sido la búsqueda constante de un «diálogo constructivo».

Rodríguez remarcó que las conversaciones actuales incluyen a todas las facciones políticas sin intermediación internacional: «Es positivo que esta sea una de las pocas veces que se ha convocado una mesa de diálogo solamente entre venezolanos, sin la facilitación de organizaciones, países o personalidades del extranjero». En ese sentido, criticó de manera contundente las pasadas mediaciones externas, afirmando que resultaron ineficaces.

Asimismo, fue enfático al ratificar la exclusividad del Legislativo en las decisiones institucionales. «Las decisiones que por Constitución le corresponden a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela solamente serán discutidas, decididas según está establecido en el reglamento interior y debate que es ley nacional en la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela que fue debidamente electa en el año 2024, 2025, 2025-2026», precisó.

Reforma profunda al sistema de justicia

Respecto a la agenda legislativa, el titular del Parlamento señaló que existe coincidencia en la necesidad de ejecutar un cambio estructural en el Poder Judicial. La iniciativa busca alcanzar una transformación que abarque «desde el Tribunal Supremo de Justicia hasta el juez de parroquia», orientada a erradicar la mercantilización en la administración de justicia y eliminar las distorsiones en las revisiones de medidas cautelares.

Reiteró que la designación de los 32 magistrados que integrarán el TSJ será competencia exclusiva de los parlamentarios en funciones, ajustada de forma estricta a los parámetros constitucionales.

Uso de recursos retenidos para emergencias

Durante su discurso, el presidente de la AN informó sobre la propuesta aprobada gubernamental en la mesa de diálogo para destinar fondos internacionales a la atención de las zonas afectadas por el reciente evento sísmico.

Rodríguez detalló que si se logra «recuperar el oro ilegítima e indebidamente retenido en Gran Bretaña, ese dinero íntegro irá para atender a las víctimas del doblete sísmico». También destacó las áreas prioritarias: «La inversión social se focalizará en la reconstrucción de viviendas, infraestructura, atención médica y remoción de escombros en los municipios impactados», dijo.

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