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Asamblea Nacional (AN) retoma segunda discusión de Ley Orgánica de Minas para potenciar desarrollo soberano

Instrumento legal prevé la creación de una Superintendencia y un Fondo Social para transformar la riqueza mineral en beneficios para el pueblo.

En una jornada marcada por el impulso a la Agenda Económica Bolivariana, la Asamblea Nacional (AN) reinició este martes la segunda discusión del Proyecto de Ley Orgánica de Minas. Este instrumento jurídico busca reorganizar el sector minero nacional bajo un modelo de justicia social y seguridad jurídica.

La sesión ordinaria, que tuvo como punto único del día el debate de esta normativa, responde a la necesidad de actualizar el marco legal vigente desde 1999. El objetivo es consolidar el control del Estado sobre los recursos minerales y abrir nuevas vías de inversión productiva que rompan con el rentismo petrolero.

Hasta la fecha, el Parlamento ha avanzado en la aprobación de más de 55 artículos de este proyecto. Entre los puntos más destacados de la ley se encuentran:

  • Creación de la Superintendencia Nacional de Actividad Minera: Un ente encargado de la fiscalización, control y transparencia de todos los procesos extractivos.

  • Derecho Preferente del BCV: El fortalecimiento de las reservas nacionales mediante el derecho preferente del Banco Central de Venezuela para la compra de oro.

  • Minería con Propósito Social: La constitución del Fondo Nacional Minero, destinado a reinvertir las regalías en las comunidades donde se desarrolla la actividad, transformando la riqueza mineral en bienestar social.

El debate parlamentario ha puesto especial énfasis en la regulación de la pequeña, mediana y gran minería, garantizando que toda actividad respete el equilibrio ecológico y la soberanía territorial. Asimismo, la ley proyecta la participación de empresas mixtas y brigadas de mineros artesanales debidamente registradas.

Con este avance, el Poder Legislativo reafirma su compromiso de dotar al país de una ley «robusta», como ha solicitado el Ejecutivo Nacional, para enfrentar el asedio económico y garantizar que las riquezas del subsuelo venezolano sirvan para el desarrollo integral de la Patria.

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