Santiago Peña ejercerá su defensa ante el juicio político aprobado por el Congreso
El mandatario paraguayo confirmó que acudirá al parlamento mientras la Cámara de Diputados rechazó su dimisión para evitar que obtenga fueros judiciales.
En medio de la profunda conmoción institucional que sacude a la nación sureña, el presidente paraguayo Santiago Peña ejercerá su defensa con argumentos y pruebas ante el juicio político aprobado por la Cámara de Diputados este 5 de noviembre, luego de que el parlamento desestimara procesar la renuncia al cargo que el propio mandatario había presentado horas antes.
A través de un mensaje público difundido en sus canales institucionales, el jefe de Estado ratificó su sometimiento al escrutinio del Poder Legislativo: «Ante la continuidad del juicio político, me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa. Lo haré con argumentos y pruebas, con respeto a la Constitución y a las instituciones de la República. Rendir cuentas y dar explicaciones también es una responsabilidad frente al pueblo paraguayo», aseveró Peña tras la fallida sesión del Senado para tratar su dimisión por falta de cuórum en la cámara baja.
Imputaciones, riesgo de pérdida de fueros y crisis bancaria
Por otra parte, la resolución parlamentaria de avanzar mediante el juzgamiento constitucional busca impedir que el gobernante dimita para acceder de forma automática a la figura de senador vitalicio, estatus que le otorgaría inmunidad parlamentaria. Entre las causas formuladas contra la administración de Peña destacan graves acusaciones de conflicto de intereses, cooptación del Estado, manipulación regulatoria y desvío de fondos del seguro social dirigidos a favorecer al Ueno Bank, entidad financiera intervenida que mantiene congelados los depósitos de casi 3 millones de personas.
Frente al descontento popular y las continuas manifestaciones de ahorristas en las calles del microcentro de Asunción, el presidente insistió en que el proceso de devolución de ahorros no debe quedar paralizado ni condicionado a su futuro político. «La discusión sobre mi continuidad en el cargo no puede paralizar las soluciones que necesitan las familias afectadas», enfatizó sobre el colapso que afecta al 45 % de la población nacional.
En conclusión, el Senado de la República fijará los plazos procesales para la instalación del juzgamiento, instancia que determinará la destitución definitiva del mandatario y su eventual procesamiento penal ante los tribunales ordinarios.
