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Gobierno Nacional y TSJ evaluaron estrategias para la transformación del sistema judicial

El encuentro institucional evaluó las estrategias para consolidar la eficiencia del sistema judicial tras la aprobación de la reforma legislativa.

Con el objetivo de avanzar en el proceso de restructuración e innovación institucional convocado por el Ejecutivo Nacional, las máximas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sostuvieron una reunión de trabajo de alto nivel con voceros de los distintos Poderes Públicos en la sede del Poder Judicial, ubicada en la capital.

La jornada estuvo encabezada por la presidenta del máximo tribunal y de la Sala Electoral, magistrada Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez, en compañía de la Junta Directiva en pleno del órgano judicial. Asimismo, la mesa de articulación contó con la presencia del vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, junto a otros representantes de las instituciones del Estado venezolano, orientados a afianzar un plan de eficiencia operativa.

Esta mesa de evaluación se produce tras la reciente aprobación unánime por parte de la Asamblea Nacional de la reforma parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Dicha modificación legal establece el marco regulatorio para la reestructuración y funcionamiento del Poder Judicial, destacando la reorganización del Comité del TSJ, el cual quedará constituido por 23 integrantes distribuidos entre 11 parlamentarios y 12 voceros de la sociedad civil para equilibrar la participación ciudadana.

Durante la sesión interinstitucional participaron también el primer vicepresidente del TSJ, Elías Rubén Bittar Escalona; la segunda vicepresidenta, Tania D’Amelio Cardiet, y los presidentes de las salas de Casación Penal, Casación Civil y Político-Administrativa, Carmen Marisela Castro Gilly, Emilio Antonio Ramos González y Jaime Jesús Báez Jiménez, respectivamente.

Con este despliegue de coordinación, las instituciones del Estado ratifican su compromiso de acelerar las reformas normativas necesarias para optimizar la administración de justicia y brindar respuestas oportunas a la ciudadanía.

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