A 42 años del asesinato Luis Alberto Hernández se espera justicia

En el marco de la Ley Contra el Olvido que lleva a cabo la Asamblea Nacional, se reivindicará a todos los mártires revolucionarios que durante los mandatos de los gobiernos posteriores al Pacto de Punto Fijo, fueron desaparecidos, asesinados y torturados, bajo la excusa de “sospecha” en los calabozos de la Dirección de Inteligencia Militar, (DIM).

Un día como hoy, el 26 de septiembre de 1969, el estudiante de Sociología Luis Alberto Hernández fue asesinado en Aragua de Barcelona por los cuerpos de seguridad de AD-COPEI.

Inmediatamente después de su detención, junto con su compañero de lucha y estudios, Ángel Rafael Vivas, comenzaron las torturas físicas en los diferentes sitios a donde fueron conducidos, siempre metidos en maleteros de vehículos.

Al llegar al campamento del teatro de operaciones en Cogollar (Anzoátegui), Vivas se dio cuenta de que Luis Alberto Hernández no estaba. Lo habían ultimado en la afueras de Aragua de Barcelona.

El General Pardi Dávila jede del Comando de Operaciones Conjuntas contra la insurgencia popular intervino personalmente para acallar el escándalo político que se suscito a raíz de este horrendo crimen, ya que un alto oficial militante de AD fue responsable del lamentable hecho.

[b:6975037847]José Agustín Petit Colina[/b:6975037847][b:6975037847] no es un caso aislado[/b:6975037847]

De José Agustín Petit Colina nunca se publicó un obituario. No hay una lápida que lleve su nombre, una cruz, un trozo de tierra donde llorarlo. No hay cómo recordar la fecha de su muerte, porque no tuvo siquiera eso. A decir verdad, no hay ni cómo llamarlo muerto. Simplemente no está. Desapareció.

Pero no se esfumó, no se extravió. No fue que decidió cambiar de nombre, de residencia, de país, de vida. José Agustín tenía 29 años y hablaba o reía con un vecino, al frente de su casa en el sector Pueblo Nuevo de Barquisimeto, estado Lara, cuando un comando del Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (SIFA) se los llevó a ambos sin que mediaran palabras ni mucho menos una orden de detención.

Al vecino lo soltaron al poco “porque no tenía nada que ver”, y fue él quien dio pistas de lo que pudo haber sucedido luego: a los agentes del SIFA los escuchó preguntarle insistentemente a José por Douglas Bravo, comandante guerrillero y fundador del Partido de la Revolución Venezolana. Eso ocurrió el 28 de marzo de 1967. Y aunque se presume su muerte, hasta la fecha se ignora adónde fue a parar.

“Mi mamá murió de 97 años, y la mitad de su vida la pasó buscando a mi hermano José Agustín”, dice Ana Petit Colina. “Recuerdo que cuando estaba en sus últimos días nos decía, a los hijos: ‘Ay, dios mío, sigan buscando, por favor, no dejen de buscarlo’. Mamá quería a todos sus 12 hijos, también sufrió mucho con la muerte de Amado, asesinado en 1962, pero lo de José Agustín… no te sé decir: eso le consumió la vida”.

La señora Xista, madre de los Petit, emprendió una búsqueda que comenzó en el TO5, el tenebroso Teatro de Operaciones antiguerrilleras asentado en Yumare, estado Yaracuy, y que no ha concluido todavía porque Ana continúa en esa lucha.

“Alguien le dijo a mamá un día, de muy buena fuente, que ‘a esa gente’ la estaban enterrando por el río Aroa (Yaracuy). Nosotros seguimos buscando”, asegura la hermana.

José Agustín no es la única tragedia para los Petit. Nueve personas del grupo familiar fueron asesinadas por causas políticas entre 1962 y 1986. De ellas, dos continúan desaparecidas: también Leonardo Petit Vásquez, un primo detenido en 1967, en Cojedes, corrió esa suerte.

Edmundo Hernández, otro primo, fue asesinado en la masacre de La Victoria (1972). Dilia Rojas cayó, inerme y acribillada, en la masacre de Yumare (1986). Entre ambos dejaron seis hijos. Las circunstancias en las que murieron cada uno los de los Petit son dignas de sendos reportajes.

En realidad, cada historia que narran quienes buscan y buscan los huesos de sus seres amados, merece ser contada. Pero haría falta un libro.

[b:6975037847]Hablan AD y Copei: “Habrá que asumir”[/b:6975037847] [b:6975037847] [/b:6975037847] Frente a la inminencia de un debate que desde la Asamblea Nacional comenzará en breve a levantar polvo en el país, diputados de AD y Copei hablaron sobre la pertinencia de asumir responsabilidades.

Edgar Zambrano, jefe de la fracción de AD en el Parlamento, dijo que su partido no ha discutido si asumirá una disculpa pública ante los familiares de las víctimas, pero aseguró: “Si eso se va a convertir en un escenario propicio para mejorar la cultura política y democrática de los venezolanos y para establecer escenarios que permitan evitar que se repitan esos hechos, pues tiene que ser visto con mucha amplitud, y quienes sean señalados como responsables, pues habrán de asumir responsabilidades”.

Previamente, Zambrano acotó que “esta olla que se destapa” no debe ser usada para “revanchismos y pases de factura, porque contribuiría a la instigación al odio”.

Por parte de Copei, el diputado Miguel Castejón le restó crédito al Frente de Familiares y Amigos como propulsor de la propuesta de ley, y opinó que el proyecto responde a “un planteamiento del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)”.

Sin embargo, coincidió con Zambrano: “Lo que pudo haber pasado en esos años de gobierno, los años de la democracia, puedo decir personalmente que en su debido momento nuestra organización (Copei) tendrá que sentarse y analizar los hechos para tener una posición bien clara (…). De cualquier manera, cualquier error cometido por cualquier militante o personaje de cualquier gobierno, debe asumirlo con mucha responsabilidad. Estaríamos en la disposición de revisar”.

[b:6975037847]Estatus legal de la desaparición forzada en Venezuela[/b:6975037847] [b:6975037847] [/b:6975037847] El artículo 45 de la Constitución vigente (1999) prohíbe a toda autoridad civil o militar, aun bajo estado de emergencia, excepción o restricción de garantías, practicar, permitir o tolerar la desaparición forzada de personas. Luego, la disposición transitoria tercera prevé una reforma parcial del Código Penal para incluir la tipificación de este delito.

Esta reforma está pendiente aún, pero entre tanto es válido aplicar la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas (1994), a la que Venezuela está suscrita, en caso de que hubiere que procesar causas por dicho crimen de lesa humanidad, contemplado como tal en el estatuto de la Corte Penal Internacional.