Con el firme objetivo de optimizar los mecanismos de la justicia penal y combatir de forma estructural las fallas administrativas, el Vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, detalló los avances del plan integral que ejecuta el Estado venezolano para abordar y solucionar de forma definitiva las causas de los retrasos procesales en el territorio nacional.
A través de un reporte audiovisual transmitido por los medios públicos, el también ministro precisó que las mesas de trabajo interinstitucionales se han enfocado rigurosamente en la revisión exhaustiva de los expedientes de los privados de libertad. Cabello informó que, gracias a este despliegue de agilización institucional, hasta la fecha más de 3 mil personas han sido excarceladas de la justicia ordinaria tras la aplicación de medidas legales como el cumplimiento de pena y las redenciones por trabajo o estudio durante este año dos mil veintiséis.
Optimización y transformación del sistema de reclusión
El Vicepresidente de Seguridad Ciudadana y Paz enfatizó que estas acciones no representan una medida de impunidad, sino un acto de estricta justicia y eficiencia legal que busca corregir las fallas burocráticas dentro del sistema judicial. Explicó que el plan de optimización contempla el monitoreo continuo de los centros de detención preventiva y los internados judiciales para asegurar que cada caso sea atendido dentro de los lapsos correspondientes que dicta la ley.
«Hemos ido trabajando directamente en las causas que originan los retrasos procesales de los privados de libertad, así como en la revisión minuciosa de cada caso, para de esta manera agilizar el proceso y optimizar el funcionamiento general de la justicia en Venezuela. Ya van más de 3 mil personas excarceladas por vías ordinarias y de cumplimiento de ley», aseveró el alto funcionario.
Finalmente, Cabello ratificó que el despacho de Seguridad Ciudadana y Paz, en perfecta coordinación con el Ministerio Público y el Poder Judicial, mantendrá el despliegue de los tribunales móviles y las jornadas de atención directa en los centros penitenciarios del país. Con la ejecución de estas políticas, el Gobierno Bolivariano avanza con determinación hacia la reestructuración del aparato penal, consolidando la transparencia jurídica, la paz social y el debido proceso en toda la patria.
