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Estudiantes de la Universidad Santa María rechazan aumento del 47% en matrícula

La comunidad estudiantil exige diálogo transparente ante el nuevo ajuste en los costos de matrícula, considerado una barrera crítica

Los estudiantes de la Universidad Santa María han expresado su contundente rechazo al reciente incremento del 47,28% en los costos de matrícula, una medida que ha generado preocupación en la comunidad académica. A través de un comunicado, los representantes de las sedes de Caracas, Miranda, Anzoátegui, Barinas y Amazonas han fijado una postura firme, calificando este ajuste como una “barrera crítica” para la formación profesional de los estudiantes.

El manifiesto estudiantil destaca que “no podemos aspirar a la excelencia académica con una gestión desconectada de la realidad técnica y económica de sus alumnos”. Este pronunciamiento refleja la indignación de los estudiantes ante un aumento que consideran insostenible y que podría limitar el acceso a la educación superior, especialmente en un contexto económico complicado para muchas familias venezolanas.

El gremio estudiantil ha solicitado a las autoridades universitarias establecer un diálogo directo y transparente que permita conocer los fundamentos económicos detrás de esta decisión. La comunidad usemista demanda que se tomen en cuenta las condiciones actuales que enfrentan los estudiantes y sus familias, quienes ven cada vez más difícil costear los estudios universitarios.

Asimismo, los estudiantes enfatizan la necesidad de buscar soluciones que no pongan en riesgo la continuidad de su formación académica. La Universidad Santa María, como institución comprometida con la educación de calidad, debe encontrar un equilibrio entre la sostenibilidad financiera y el acceso a la educación, asegurando que todos los estudiantes tengan la oportunidad de completar su formación sin obstáculos económicos insalvables.

La protesta estudiantil se enmarca en un contexto más amplio de reivindicación por la justicia social en el ámbito educativo, donde el acceso a la formación de calidad debe ser un derecho garantizado para todos. La comunidad universitaria espera que las autoridades escuchen sus demandas y trabajen en conjunto para encontrar alternativas viables.

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