Venezuela activa ofensiva diplomática mundial: envía misiva a 194 países contra la piratería de EE. UU

El Gobierno Bolivariano de Venezuela notificó formalmente la transgresión de las normas del derecho internacional y del comercio seguro por parte de la administración estadounidense. La denuncia, remitida a las delegaciones de la ONU, califica como conductas criminales el asedio marítimo en aguas internacionales y el Caribe, argumentando que tales acciones rompen con los principios legales de convivencia entre naciones. La misiva exige el cese de estas operaciones para preservar el orden jurídico global y el respeto a los tratados vigentes.

Desde la sede de la Casa Amarilla en Caracas, el ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, dio lectura oficial al documento suscrito por el mandatario Nicolás Maduro Moros. El pronunciamiento se realizó durante un encuentro con corresponsales nacionales e internacionales para difundir el mensaje enviado a la comunidad global.

El despliegue de activos militares de alto impacto, incluyendo submarinos nucleares y embarcaciones de guerra, representa una ruptura directa de la «Zona de Paz» decretada por la CELAC. Caracas argumenta que esta movilización desmedida ignora el Tratado de Tlatelolco, el cual prohíbe la presencia de armas atómicas en la región. Esta pretensión militar no solo compromete la estabilidad del Caribe, sino que desvirtúa los compromisos históricos de desnuclearización asumidos por las naciones latinoamericanas.

Venezuela ratifica la inexistencia de causas legales que justifiquen las hostilidades estadounidenses. El Estado denuncia que el asedio a su jurisdicción marítima y las amenazas al flujo comercial violan la Convención para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación. Bajo esta perspectiva, el ejercicio de una «piratería de Estado» por parte de Washington no solo agrede a Venezuela, sino que desestabiliza el ordenamiento jurídico que rige a la comunidad internacional.

“No se trata de incidentes aislados, sino de una práctica sistemática de uso de la fuerza fuera de todo marco legal internacional e incluso del propio marco constitucional de los Estados Unidos, donde se desarrolla un intenso debate en su congreso, como en la opinión pública que condena, mayoritariamente estas acciones”, advierte parte del texto leído.

El documento oficial denuncia la presunta ejecución extrajudicial de más de un centenar de personas en las regiones del Caribe y el Pacífico, operativos realizados por fuerzas estadounidenses sin el debido proceso ni sustento probatorio, bajo la narrativa de la lucha antinarcóticos. Caracas sostiene que estos hechos, junto al secuestro de tripulaciones y amenazas a la soberanía, constituyen una transgresión sistemática de los derechos fundamentales que debe ser objeto de una investigación penal internacional y sanciones inmediatas.

A pesar de su histórica postura pacifista, el Estado venezolano manifestó con firmeza su disposición para resguardar la integridad territorial y los activos nacionales. La nación enfatizó que cualquier acción de defensa se ejecutará en estricto cumplimiento del derecho internacional, asegurando que no cederá ante presiones que busquen vulnerar su patrimonio y autodeterminación.

La misiva concluye con una exigencia de cese a las hostilidades para permitir el restablecimiento del orden jurídico y la paz mundial. Venezuela advierte que la impunidad frente a la «piratería estatal» erosiona la seguridad de todas las naciones. En consecuencia, solicita una intervención coordinada de los organismos del mundo para garantizar que el suministro energético se mantenga fuera del conflicto político, protegiendo así la estabilidad de la economía global.