Ministerio Público implementa protocolo para garantizar el debido proceso y combatir la corrupción
El Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek William Saab, anunció este viernes la implementación de un nuevo protocolo en las investigaciones penales, con el objetivo de garantizar el debido proceso y combatir la corrupción en el Ministerio Público. Este anuncio se realizó durante una jornada del programa “El Ministerio Público (MP) atiende tu denuncia”, celebrada en la parroquia Catedral de Caracas.
Saab explicó que el protocolo busca “resguardar la ética y la transparencia en el debido proceso”. En este sentido, enfatizó que queda terminantemente prohibido que cualquier director general, director de línea, fiscal nacional, regional o superior, o funcionario del MP reciba en su despacho a fiscales fuera de los actos procesales formales. Esta medida busca asegurar la integridad del proceso judicial y evitar cualquier irregularidad.
Además, el nuevo protocolo prohíbe las reuniones entre funcionarios del MP y “abogados privados, sean miembros de bufetes”, con el fin de prevenir conflictos de interés en las investigaciones. Según informes de medios nacionales, en los últimos años, 544 fiscales vinculados a hechos de corrupción han sido judicializados, de los cuales 349 fueron imputados y 18 condenados.
Durante la jornada de este viernes, se atendieron a 620 personas, de las cuales 430 casos estaban relacionados con personas privadas de libertad. También se recibieron 32 denuncias que abarcaban delitos como perturbación, hurto, invasión, lesiones, extorsión, forjamiento de documentos, apropiación indebida y trato cruel. Saab detalló que se realizaron 123 orientaciones, incluyendo 41 casos que no revisten carácter penal y 35 referencias a otros organismos.
“El Ministerio Público atiende tu denuncia” es un proyecto permanente que ofrece atención gratuita a las comunidades del país, reafirmando el compromiso del MP con la justicia y el bienestar social. Con estas acciones, el Ministerio Público busca fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones y garantizar que el sistema de justicia funcione de manera efectiva y transparente.
